Los representantes de esta prisión consideran que una intervención policial cortaría “los avances en reinserción” logrados por ellos.
Los delegados del penal de San Pedro temen que una intervención del Gobierno arruine “los avances” que hicieron en materia de reinserción social. Sostienen que si la Policía toma el control de la prisión, como ocurrió en Palmasola, se echará a perder todo el progreso de años de “autogobierno”.La posición surge a raíz de publicaciones que hizo este medio sobre la “legalización” de cobros ilegales dentro del centro, mediante sus estatutos, por los que los procesados pagan a los delegados por ingresar, donde se paga por tener una celda (alquiler o compra) y también por cualquier tipo de transferencia sobre estos bienes inmuebles.“Como sociedad interna ellos (los reos) empezaron este proceso con el permiso del mismo Ministro de Gobierno. Si hay una intervención, si se fractura este proceso, todo quedará en nada. Se tendrá que volver a reestructurar esta organización, que seguro será para bien, pero todo ese tiempo será perdido”, indicó el vocero de los familiares del penal de San Pedro, José Adubiry.Yazmila Sánchez, procuradora privada del consejo de delegados de esta prisión, y Adubiry explicaron que ante la ausencia policial los privados de libertad conformaron una pequeña sociedad con sus propias reglas internas, “no estatutos”. El propósito es que haya un ambiente tranquilo de convivencia familiar.El 25 de marzo Página Siete reveló que los reclusos se rigen por estatutos en los cuales se establece el pago del “derecho de piso” y otros cobros ilegales. Sánchez y Adubiry aseguraron que esto es falso, que ese estatuto perdió vigencia hace tiempo.Ambos mostraron su preocupación de que esta publicación impulse una intervención policial que “quiebre la tranquilidad interna”. “Cuando hacen intervenciones cortan todo, lo malo y lo bueno”, señaló Adubiry.Ellos aseguran que no hay cobros para ingresar a una sección. Lo que existe son donaciones, “colaboraciones para reparaciones y mantenimiento”, debido a que Régimen Penitenciario no destina los recursos suficientes para mantener la cárcel.“Es como afuera, si uno quiere vivir en la zona Sur tiene que erogar más dinero (…) Si no hubiera esta estructura sería tierra de nadie. Todo ha sido logrado por los internos y la colaboración que ellos pidieron a las personas que ingresaban”, sostuvo Adubiry.La procuradora explicó que no se venden celdas ni se alquilan, “porque allí nadie es dueño de un espacio físico”. Lo que se vende son “los arreglos” hechos en una celda: pintura, algún adorno, algún acondicionamiento.No existen pagos a los delegados por las transferencias. Quien quiera, puede dar “su cariño” al delegado por su labor de vigilar que toda compra se haga correctamente.El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó de forma escueta que evaluará la situación de San Pedro para tomar las acciones que sean necesarias.Fuente: paginasiete.bo