[vid url=http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2018/06/PB1806060751.mp4]Un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la Ley 1054 de Delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz es la nueva estrategia jurídica a la que acudió el Departamento para exigir al Gobierno aplicar los procedimientos correctos en la aprobación de los límites; en caso de que el resultado no sea favorable tiene previsto acudir al Tribunal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.Chuquisaca considera que la aprobación de la Ley 1054 de Delimitación con el departamento oriental está viciada de irregularidades en todo su procedimiento, bajo ese argumento, el diputado Horacio Poppe presentó ayer, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), un recurso abstracto de inconstitucionalidad para que sea anulada o al menos se agoten las instancias legales en el país con el fin de acudir a la justicia internacional.“Esto forma parte de una estrategia de acorralar a la justicia boliviana que a través del Órgano Ejecutivo le ha cercenado tanto territorio como recursos al departamento de Chuquisaca”, señaló.La Ley 1054 delimita la zona entre Villa Serrano (Chuquisaca) y Pucará (Santa Cruz), sin embargo Chuquisaca nunca firmó un acta de conciliación sobre ese tramo ni otros, como establece el reglamento.En observación a ese procedimiento, el 11 de mayo, la Gobernación presentó un Amparo Constitucional en contra de la Resolución Ministerial 090/18, sustento para la aprobación de la Ley 1054, sin embargo, el 29 de mayo fue declarado improcedente por el Juez de Garantías, quien argumentó que no se agotaron los recursos administrativos ante la instancia correspondiente para reclamar su nulidad.Este lunes, en el límite del plazo y con inusual discreción, la Gobernación impugnó la resolución del juez de Garantías, Juan Quiroga, y éste anunció que en un plazo de 48 horas remitirá al TCP para que sea esa instancia superior la que confirme o revoque su resolución.En criterio de abogados constitucionalistas, la impugnación de la Gobernación tardaría unos tres meses en resolverse en el TCP y un tiempo mayor el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado ayer por el parlamentario.LA GOBERNACIÓNComo todos los martes, el gabinete de la Gobernación se reunió ayer desde muy temprano y el encuentro se prolongó hasta el mediodía. Ninguno de los secretarios quiso atender a la prensa que esperaba información sobre el recurso de impugnación presentado a la resolución del Amparo Constitucional.A mucha insistencia de los periodistas, el secretario de Comunicación, Jairo Arancibia, se refirió al tema negando que haya presión para dejar de hablar sobre Incahuasi y remarcó que la Gobernación decidió realizar un “trabajo silencioso” sobre los recursos legales.“Nosotros no trabajamos bajo presión de nadie, creemos que conocemos cuáles son las responsabilidades que tiene la institución respecto a esto y perfectamente conocemos cuál nuestro papel que vamos a jugar en el tema jurídico”, señaló Arancibia.En criterio del asambleísta opositor Eusebio Cordero, como otros opositores, el Gobierno central instruyó a las autoridades departamentales dejar de hablar sobre el conflicto de Incahuasi.Fuente: Cadena A, Correo del Sur