En el evento que tuvo lugar el pasado lunes 10 de diciembre.
Posición. Cuatro figuras de distintas entidades expresan su opinión sobre el contenido del informe y el manifiesto de la APDHB.
Análisis, Informe aborda la situación de los derechos y las libertades en el país
Ref. Fotografia: Informe. Elaborado por la organización UNITAS, expresa su posición sobre los derechos y libertades en el país.
Nelson Mandela no solo tuvo una historia fantástica, sino también las ganas de hacer algo distinto. Él creía en una sociedad libre y democrática, donde todas las personas pudiesen vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Con ideales similares, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB) se dieron cita el pasado lunes para, además de recordar los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentar un informe donde se traza el escenario de los derechos y libertades en Bolivia. Además, la Presidenta de la APDHB, María Amparo Carvajal, hizo público un manifiesto recordatorio donde cita una serie de acciones cometidas por el Gobierno en turno y reitera, una vez más, su papel como defensora de los derechos humanos. Sobre ello, cuatro figuras de distintas instituciones dan a conocer su parecer sobre la respectiva información publicada.
Juicios y opiniones contrastadas. Para el Presidente del Directorio de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Antonio Rivera, el informe de UNITAS es el fiel reflejo de lo que acontece en nuestro país. En su opinión, durante los últimos años se ha acentuado una evasión de los derechos humanos desde el accionar de los agentes del estado. “Además de los derechos referidos en este informe, existen muchos otros que están permanentemente vulnerados tal como el derecho a la justicia y derechos económicos, sociales y culturales de sectores altamente vulnerables como las personas con discapacidad o capacidad diferenciada. La lista es larga porque el gobierno asume una agenda política electoral más que una agenda de administración”, deduce.
Por su parte, Wálter Limache, Coordinador Nacional del Programa Nina, considera que ambas expresiones resaltan la situación de los derechos humanos en Bolivia no desde una perspectiva de avance sino más bien desde el estado de infracción e incumplimiento de los mismos. “En ambos informes pretenden llamar la atención de la opinión pública respecto a qué es lo que se está vulnerando que no está permitiendo avanzar y construir institucionalidad”, sostiene.
A su vez, concuerda con el pronunciamiento emitido por la APDHB. “Asume una posición correcta al decir que los derechos humanos no solamente exigen ante un activismo presencial sino también uno verdadero de salir a defender el respeto y la garantía de los derechos humanos”, señala.
Desde el punto de vista de Carlos Hugo Molina, Director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), UNITAS y la APDHB son instituciones que cumplen su labor con insistencia y firmeza en relación al tema de los Derechos Humanos, desde siempre. “Tienen una metodología que han aplicado de manera regular y sistemática y, por eso, el valor de sus informes está en la continuidad y la posibilidad que sean secuencialmente comparables. Ello deja en evidencia que si bien el sujeto de análisis es el mismo, las manifestaciones de las violaciones difieren en función de las coyunturas políticas que vive el país y el desconocimiento que tienen esos derechos en los diferentes regímenes”, indica.
Sin embargo, para la Directora de Casa de la Mujer, Miriam Suárez, el informe presentado por UNITAS es un documento de análisis de la realidad en el cual se destacan los aspectos negativos. “Yo creo que eso es como hacer una lectura en blanco y negro de lo que está pasando en Bolivia. No podemos hacer una lectura absolutamente negra sin tomar en cuenta aspectos que probablemente desde la sociedad civil vienen apareciendo como matices o como ciertos signos de cambio. Y desde Casa de la Mujer, entendemos que gran parte de las demandas históricas han sido recogidas en las nuevas normativas”, considera.
Observaciones en el apartado. El Presidente de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia opina que no se puede hablar de restricciones o limitaciones, sino de violaciones graves no justificadas ni razonadas de parte de agentes del estado. “Podemos poner como ejemplo el caso de los pueblos indígenas originarios guaraníes cuando salen a manifestarse públicamente en contra de acciones gubernamentales, puesto que no se respeta su derecho colectivo a la consulta previa, a vivir en un ambiente sano con biodiversidad equilibrada”, alude.
Para describir la situación política boliviana, Molina decide citar al politólogo catalán Joan Prats que acuñó una frase con el conocimiento que él tenía de nuestro país: “es más fácil salir del error que de la confusión”. “Aplicando sus palabras, el punto más complicado es que el presidente Morales y su gobierno, no consideran que estén violando los derechos humanos y que lo único que hacen, es aplicar acciones legítimas de defensa del régimen con los instrumentos que le proporciona la violencia legal. Dicen ellos que quienes se oponen a las políticas gubernamentales entran en la categoría de subversores del orden público y por ello, son pasibles de la mano dura de la ley. Solo queda, como hacen UNITAS y la APDHB seguir insistiendo que eso no es cierto pues resulta incomprensible que se aplique represión a los indígenas en medio monte, a los discapacitados en las ciudades, y la justicia avale la represión”, postula.
Acciones que cambiarían el curso. En la opinión de Rivera, se deberían adoptar medidas de orden administrativo y presupuestal. “Por ejemplo, incrementar el presupuesto para la educación, para la salud, asumir acciones positivas en materias de grupos vulnerables: niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, entre otros. Dado que no todo boliviano puede acceder a una fuente laboral estable con salario digno, el Estado debería incrementar la inversión publica estimulando la inversión privada para generar mayores fuentes de empleo. Lo que se espera del Estado es que reconduzca su accionar por los causes del estado de derecho y del régimen democrático”, argumenta.
De manera similar, para el Coordinador Nacional del Programa Nina, existen tres aspectos que deben trabajarse para una lograr una constitucionalidad democrática. “El propio Estado debería defender los derechos humanos. Sin embargo, esta es una acción muy complicada debido al modelo de desarrollo que tiene el Gobierno puesto que tiende a vulnerar derechos colectivos como es en el caso de los pueblos indígenas a través de la construcción de las mega obras. En segundo lugar, las políticas públicas deben estar orientadas a crear procesos de desarrollo más equilibrados. Finalmente, el Organo Ejecutivo debería impulsar el respeto y el diálogo para poder generar un proceso de construcción y ejercicio de los derechos humanos en el marco de un desarrollo equilibrado, justo y adecuado para todos los sectores”, finaliza.
«El punto más complicado es que el presidente Morales y su gobierno no consideran que estén violando los derechos humanos’
Carlos Hugo Molina
Director del centro para la participación y el desarrollo humano sostenible.
«En ambos informes se pretende llamar la atención de la opinión pública respecto a qué es lo que se está vulnerando que no está permitiendo avanzar’
Wálter Limache
Coordinador Nacional del Programa Nina
70 Años
Se cumplen desde la Declaración Universal de los DDHH.
20 Años
Se cumplen desde la Declaración de Defensores.
4 Poderes del Estado
Se dice que manda Evo Morales de acuerdo al manifiesto de la APDHB.
12 Organizaciones
de la Sociedad Civil conforman el Colectivo de Defensores de DDHH.
20 Expresidentes solicitan vigilar a Bolivia por ‘Ruptura del orden constitucional’
Un grupo de 20 exmandatarios de Europa y Latinoamérica envió un documento titulado «Declaración sobre Bolivia» a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) en el que solicitó a los organismos estar “vigilantes” ante lo que ocurra en Bolivia después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitara a Morales para los comicios de 2019.
El documento incluye seis puntos en los que se hace una lectura del referéndum del 21 de febrero de 2016 y su resultado; además de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional del 28 de noviembre de 2017 que habilita a Morales, la cual es calificada como “violatoria” y “fraudulenta”.
La declaración final señala: «Instamos, respetuosamente, a los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, a mantenerse vigilantes y disponer las medidas preventivas y efectivas necesarias y apropiadas a la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales».
Entre los firmantes aparecen los expresidentes Óscar Arias (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Luis Lacalle (Uruguay) y Jorge Tuto Quiroga, entre otros.