Sin operar, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo gastó 17 millones de bolivianos en sueldos y salarios este año, de acuerdo con datos la misma institución.Las memorias y boletines informativos de la Gestora muestran que  entre enero y junio de 2019  se erogaron 8,4 millones de bolivianos para el pago de sueldos y salarios a sus funcionarios; por lo que con la extrapolación de los datos  se sabe que hasta la fecha se cancelaron al menos 17 millones de bolivianos.El año pasado, la institución pública gastó 20,1 millones de bolivianos en sueldos y salarios, con la excepción de que hubo 1,1 millones adicionales que fueron destinados al pago del segundo aguinaldo. Mientras que en 2017, el monto aproximado para el pago de los salarios alcanzó los 5,8 millones de la moneda local.La Gestora Pública fue creada por la Ley 065 de Pensiones, sin embargo, sus estatutos no fueron aprobados hasta enero 2015 (a través del decreto 2248), cuando inició sus operaciones y se contrató a un gerente general.La primera escala salarial para los cargos ejecutivos de la institución iba desde los 30.000 bolivianos, para los subgerentes nacionales, hasta los 70.000 bolivianos mensuales en el caso del presidente del directorio y el gerente general de la entidad.Sin embargo, debido a las críticas  de la Central Obrera Boliviana (COB)  la escala salarial fue ajustada y se fijó un  máximo de  35.000 bolivianos para el gerente general y el presidente; 25.000 para el gerente nacional y el auditor, y  20.000 bolivianos para los gerentes regionales y los subgerentes nacionales, con el compromiso de revisar cada año la escala salarial.

Página Siete solicitó a la Gestora Pública información sobre la cantidad de funcionarios con los que cuenta la institución, así como las escalas salariales vigentes;  sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondió.Asimismo, este medio pidió conocer qué porcentaje del personal actual es fijo, cuántos son consultores y si hay pasantes que trabajan ahora en la Gestora.Altos sueldosA mediados de 2017 se conoció que la Gestora había contratado a tres consultores  para que se encarguen del diseño, implementación y consolidación de las gerencias de cobranzas,  aseguramiento, recaudación y  prestaciones y  sistemas, por 2,5 millones de bolivianos cada uno, con un plazo de 24 meses.Esto quiere decir que los consultores iban a ganar un aproximado de 104 mil bolivianos mensuales durante dos años.Al cabo de un año, los tres contratos fueron resueltos y los consultores pasaron a trabajar como funcionarios de la Gestora.Sin embargo, no se tiene información de  los cargos que ocupan ahora los tres expertos o los salarios que perciben o percibieron.La Gestora debía iniciar sus operaciones en junio de 2016; sin embargo,  el 15 de junio de 2016 se promulgó el decreto  2802, que establecía que la entidad pública debía iniciar operaciones en un plazo de 15 meses desde la promulgación del primer decreto ampliatorio, es decir, debía operar desde  septiembre de 2017.

Cinco días después, otro decreto postergó el inicio de la Gestora hasta el  20 de marzo de 2019, pero en marzo pasado  se pospuso el arranque de la entidad pública hasta septiembre de 2021. Suspensión del trato de Heinsohn llega a su finHoy se cumple el plazo de la suspensión temporal del contrato firmado entre la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo con la colombiana Heinsohn Business Technology, por 10,9 millones de dólares, para la provisión del software de administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP).“El proceso de la contratación  ha tenido muchísimas observaciones que nos llevan a pensar que el momento del contrato, el monto pactado y el detalle de los requerimientos de la Gestora frente al proveedor todavía no estaban claros”, informó la semana pasada el viceministro de Pensiones, Osvaldo  Jáuregui.El contrato con la empresa Heinsohn Business Technology se firmó en octubre del presente año, en medio de los conflictos sociales. Luego de la firma, el acuerdo se suspendió por 15 días y más tarde se amplió la prórroga por 30 días. Con estas extensiones, el plazo de suspensión vence este 27 de diciembre.De acuerdo con Jáuregui, esta suspensión temporal se activó para revisar y resolver algunos problemas que existían en el contrato y decidir si se daba curso al acuerdo o se anulaba.

“Este contrato, en este momento, está en una situación de suspenso, esa interrupción concluye el 27 de diciembre, hasta entonces tenemos plazo para sentarnos con la empresa y  tener algunas novedades respecto a las acciones que vamos a tomar”, afirmó el viceministro.Página Siete / Manuel Filomeno /  La Paz