Osvaldo Valencia apareció tras salir de una declaración en Sucre y en el caso del extraditado Pedro Montenegro dijo que responderá ante las instancias pertinentes.
Además, explicó que en la gestión 2014 asumió como magistrado del Tribunal Constitucional y en mayo de 2015, en el mes de su cumpleaños, registró ese contrato en la Contraloría General del Estado como corresponde por ley.“No es evidente que mi persona no hubiera registrado el anticrético o no hubiera hecho mi declaración jurada en la Contraloría; yo, conocedor de la norma como funcionario de carrera durante mucho tiempo, cada que es el mes de cumpleaños tiene que hacerse la declaración. Eso (el anticrético) lo tengo declarado, he cumplido con la norma, no es evidente que no se hubiera declarado”, aseguró luego de salir de una declaración en la Fiscalía.Por ello, puso énfasis en que a su retorno a Santa Cruz, acudirá ante las instancias que hagan el requerimiento para desvirtuar esa acusación.
Consultado sobre la cantidad de dinero que pagó por ese anticrético, de $us 200.000, Valencia justificó ese patrimonio indicando que no solo trabajó como magistrado y funcionario del Tribunal Constitucional durante 10 años, sino también como abogado libre y que tiene otros emprendimientos privados. Sin embargo se rehusó a responder si todavía tiene vigente ese anticrético, aduciendo que lo declarará ante las instancias pertinentes.La resolución de extradición Valencia también fue consultado por EL DEBER en torno a diligencias elaboradas por la Fiscalía de Sustancias Controladas en las que figura investigado Julio César Jiménez Limpias, que se desempeñó como auxiliar de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia durante las gestiones de 2012 a 2017. Afirmó que responderá a su tiempo ante los organismos que investigan el caso.
Según dos comisiones de fiscales, así como informes de la Felcn, Julio César Jiménez Limpias es compadre de Osvaldo Valencia. En octubre del año pasado la Policía le secuestró una computadora portátil en la que se encontró la resolución suprema que ordenó la extradición de Pedro Montenegro. Los informes de la Felcn señalan que de forma arbitraria el fallo fue publicado en la página web del Tribunal Supremo, pero alterado en su contenido.Los informes de la Fiscalía y la Felcn señalan que ese fallo de extradición de la web no tenía valor legal, por cuanto no existe una ley del expediente electrónico.La Fiscalía sostiene en informes que la resolución legal es la que está impresa físicamente, la cual estaba intacta. La Felcn, tras pesquisas, informó que Julio César Jiménez fue cambiado de su lugar de trabajo al INRA.EL DEBER