Defensoría del Pueblo y Tribunal Agroambiental firman convenio interinstitucional en favor de pueblos indígena originario campesinos

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Foto: Btv

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y la Presidenta del Tribunal Agroambiental, Ángela Sánchez Panozo, firman un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la finalidad de promover el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, interculturales y afrobolivianos en materia agroambiental.

En el acuerdo, las partes se comprometen a 10 obligaciones, entre las que figuran: coordinar a nivel nacional y departamental para la atención oportuna de denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos de pueblos y naciones indígena originario campesinos, comunidades interculturales y el pueblo afroboliviano.

Además, promover y difundir a través de acciones conjuntas la cultura del diálogo y respeto a los derechos humanos de los beneficiarios; construir comisiones técnicas para desarrollar propuestas dirigidas a promover el cumplimiento de los derechos humanos de estos sectores, y prestar apoyo institucional en temas vinculados a los intereses de cada una de las instituciones intervinientes, entre otras actividades conjuntas.



Otra de las finalidades del acuerdo es el intercambio de experiencias interinstitucionales para el beneficio y mejora de la administración de la justicia agroambiental; además de fortalecer el Sistema de Justicia Plural, con enfoque de derechos humanos, a través de la difusión, pedagogía y modelos de gestión de procesos y conciliaciones interculturales, a las que se arriba conjuntamente la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina.

La Defensoría del Pueblo, conforme el artículo 218 de la Constitución Política del Estado, tiene la misión de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.

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Y el Tribunal Agroambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 186 de la Constitución Política del Estado, es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental. Se rige en particular por los principios de función social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad.

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