No se puede alegar desconocimiento de la norma, pues rige desde el 2014 y es de cumplimiento obligatorio, indicó la jefa de Publicidad Urbana.
jueves, 24 de septiembre de 2020 · 19:47
Fuente: paginasiete.bo
Wara Arteaga / Página Siete Digital
Los daños al ornato público generados por las campañas políticas en La Paz, rumbo a las elecciones nacionales, superan el millón de bolivianos, según informó esta jornada la jefa de Publicidad Urbana, Melody Jiménez.
Las multas, en algunos casos, superan los 10 mil bolivianos, el más grave fue contabilizado en un millón, debido al daño en muros y aceras. Los candidatos a legisladores del Estado deben pagar las notificaciones que fueron establecidas desde 2014.
Efectuamos notificaciones para dar a conocer a cuánto ascendería la multa, es asá que tenemos por ejemplo al señor Silvio Ríos que ha sido notificado con un conocimiento de 50 mil bolivianos, Ramiro Venegas con 145 mil bolivianos y al señor Julio Alanoca que ha sido notificado con la suma de 11 mil bolivianos, dentro del primer operativo, explicó Jiménez.
Los casos más delicados se registraron en la circunscripción 6. Allí la propaganda de la candidata del MAS Kareen Saavedra dañó los bienes públicos con pintura en muros de contención, afiches de separación de vías y postes.
El monitoreo del municipio indicó que tan sólo estos fichajes y pinturas en el Cruce de Villas, dañaron 1.800 metros cuadrados. La valoración que se tiene es aproximadamente de un millón de bolivianos, informó.
Pedimos por favor, a todas las personas que son parte del proceso electoral, que tengan consideración porque le apuesto que si podemos hablar con un ciudadano, ellos no estarán conformes en que todo este deterioro y daño a la ciudad, posteriormente sea asumido por el ciudadano, aseguró Jiménez. La autoridad llamó a los candidatos a realizar otro tipo de actividades, más creativas, para generar otro tipo de campaña que no deteriore el ornato.
La unidad de publicidad urbana va a ser taxativa al momento de hacer el control de cumplimiento a la normativa. No se puede alegar desconocimiento de la norma, pues rige desde el 2014 y es de cumplimiento obligatorio, sentenció.
