La Procuraduría dice que en ambos lugares fallecieron 37 personas y según el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU fueron 20.
sábado, 17 de abril de 2021 · 14:15
Fuente: paginasiete.bo
Página Siete Digital / La Paz
La Procuraduría General del Estado maneja datos falsos sobre las muertes en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), en los hechos violentos de noviembre de 2019, pues señala que entonces murieron 37 personas, y según el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron 20, de acuerdo con Bolivia Verifica.
Durante una rendición pública de cuentas el pasado 14 de abril, la subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, Patricia Guzmán, informó que la Procuraduría General del Estado remitió un documento al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que señala que 37 personas murieron en las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba) en noviembre de 2019.
Bolivia Verifica, que comprueba noticias y el discurso público, explica que en los conflictos post electorales de octubre y noviembre del 2019 se registraron 37 fallecidos en total, pero no todos fueron en Senkata y Sacaba. Según datos de la Defensoría del Pueblo y de una comisión de la Asamblea Legislativa que investigó las muertes, en los enfrentamientos entre policías, militares y manifestantes en Sacaba y Senkata, fallecieron 20 personas, entre el 15 y 19 de noviembre de 2019.
Bolivia Verifica precisa que de acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, otras dos muertes se produjeron en el norte integrado de Santa Cruz y hubo un fallecimiento en el municipio de Betanzos, Potosí. Tres decesos ocurrieron en La Paz y uno fue registrado el 11 de noviembre en Sacaba, Cochabamba, antes del conflicto en cuestión. Otros diez decesos sucedieron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, dos de las víctimas eran efectivos de la Policía Boliviana.
Bolivia Verifica señala que se contactó con la Procuraduría General del Estado para consultar respecto a los datos enviados a la ONU y que fueron detallados por la subprocuradora Guzmán.
Desde la Unidad de Comunicación de esta institución, Marcelo Arce, indicó que la funcionaria no se encontraba presente en ese momento y se comprometió a brindar información el 19 de abril.
Durante todo el conflicto se habría detenido a 992 personas en Cochabamba, 237 en La Paz y 129 en Santa Cruz. Estos datos figuran en el informe de la Defensoría del Pueblo denominado Crisis de Estado.
La Organización de Estados Americanos (OEA) realizó auditoría a las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por Evo Morales, y entonces estableció que hubo operaciones dolosas en las elecciones, las que alteraron «la voluntad expresada en las urnas».
Entre las «acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección», menciona la OEA, la «paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)», conocido como conteo rápido.
El estudio de la OEA fue avalado por la Unión Europea. Evo Morales renunció después de conocer el estudio de auditoría, el 10 de noviembre, y un día después salió del país a México y luego se trasladó a Argentina, de donde volvió un año después.
