El pasado de Arce le impide conseguir financiamiento para Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, en una comparecencia de prensa. Reuters

Fuente: La Gaceta

Parece ser que el conflicto de la operación del gobierno de Jeanine Añez con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Derechos Especiales de Giro (DEG), está lejos de terminar, pues Carlos Schlink, exviceministro del Tesoro y Crédito Público durante el gobierno de la expresidenta, ha sido detenido –en medio de abusos e ilegalidades– la noche de este sábado 26 de junio en el aeropuerto de Viru Viru, cuando se preparaba para abordar un vuelo hacia el exterior.



De acuerdo con Universal de Televisión (Unitel), la detención durante 10 horas del exviceministro se debió a un arraigo sobre el que no fue notificado. Prueba de ello es que dicha notificación fue realizada recién este lunes 28, sobre la que Schlink afirmó que prestaría su declaración a las 15:00 de este mismo día en La Paz.

De qué trata el ‘caso FMI’

Carlos Schlink fue viceministro entre enero y julio de 2020, a invitación del entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada.

Schlink envió en dos oportunidades un proyecto de ley para aprobar un crédito de $327,7 millones con el FMI, destinado a la lucha contra el Covid-19 y la reactivación de la economía. Sin embargo, el proyecto fue rechazado por unanimidad por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados de ese entonces, con el argumento de que, con dicho crédito, se buscaba desestabilizar la economía.

Más tarde el gobierno de Arce Catacora decidió devolver dicho crédito incurriendo en un costo cambiario de $24,3 millones por intereses, comisiones y variaciones cambiarias, que ahora se considera como daño económico al Estado, y por el cual se ha abierto una causa contra una serie de ex autoridades del gobierno de Jeanine Añez, como José Luis Parada y el mismo Carlos Schlink.

Respecto de la devolución, Branko Marinkovic, ministro de Economía y Finanzas Públicas sobre el final del período de gobierno de Añez, afirmó en febrero que “cuando llega el momento en que se debía hacer un débito automático para pagar estas compensaciones al FMI, yo, como ministro, lo negué inmediatamente y le dije al Banco Central ‘esto hay que devolverlo’, porque vi que esto iba a ser un problema y que iba a traer problemas judiciales para los anteriores ministros, y lamentablemente, el Banco Central no lo devuelve a tiempo”.

Contradicciones sobre el motivo de la devolución de los DEG

En más de una oportunidad, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, afirmó que el crédito otorgado no tenía condiciones debido a que se trataba de -entre otros aspectos como la emergencia de la pandemia- recursos de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que cada país miembro del Fondo mantiene como cuota parte, y que, por tanto, era de libre disponibilidad, dada la emergencia que ha representado la pandemia y los confinamientos masivos y forzosos.

Sin embargo, tanto para justificar el rechazo del proyecto de ley presentado por Schlink, como la devolución y hoy la causa contra distintas exautoridades, no existe coherencia de argumentos entre el Ministerio de Justicia, el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), lo cual no sólo entorpece el proceso, sino que además desvirtúa y permite cuestionar el espíritu detrás de la causa y las detenciones del caso.

Por un lado, Iván Lima, actual Ministro de Justicia, afirmó que la operación fue realizada de manera irregular, además de que su devolución y los cobros adicionales por comisiones e intereses representan un daño económico al Estado.

Por otro lado, los asambleístas del Movimiento al Socialismo -cuando todavía dominaba el Parlamento-, justificaron el rechazo del crédito del FMI afirmando que los izquierdistas denunciaron que este acuerdo condicionaba a Bolivia a seguir ‘recetas’ típicas del FMI, como la devaluación de la moneda nacional y el recorte del gasto público, factores que, según su perspectiva, perjudicarían al país.

De igual manera, cuando finalmente devolvió los recursos inutilizados al FMI, el BCB afirmó que dicha devolución significaba liberarse de una serie de “imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias” por parte del organismo.

Asimismo, Marcelo Montenegro, actual titular del MEFP, sostuvo en febrero que «ese crédito era ilegal, se saltó toda la normativa legal, el marco jurídico del país, y no podía estar en las cuentas del Tesoro General del Estado porque tampoco podía usarse, para usarlo tiene que tener presupuesto y no era utilizable, entonces había que devolverlo”, afirmó.

Lo que se siembra se recoge

En 2012, cuando Bolivia había logrado colocar sus primeros bonos soberanos por $500 millones (a vencerse en 2022), Arce presumía que el país era “solvente y confiable a nivel internacional”, y que CNN otorgó una “medalla de oro” al país por su economía, mientras el FMI sostenía que se había logrado “impresionantes resultados económicos”.

Sin embargo, nueve años más tarde, las condiciones macroeconómicas del país no han mejorado desde que Arce Catacora asumió el gobierno. Prueba de esto es que la colocación de bonos soberanos por $3.000 millones prometida para el primer trimestre de este año, ha fracasado, y que ahora Bolivia apenas aspira a ser la décima economía de la región.

De esta manera, se presume que el gobierno de Arce ya podría haber iniciado negociaciones con el FMI a cambio de financiamiento de corto plazo, pero aunque así no fuera ahora mismo, el ente financiero internacional ya ha empezado a cambiar el tono y a hacer una serie de recomendaciones que implican importantes desafíos para los que será mejor no levantar demasiado polvo con la devolución de los DEG.