Emilio Martínez Cardona
En un artículo anterior, Perjuicios de la Narconomics, comentábamos la investigación abierta por la Brigada Parlamentaria Cruceña sobre la “presunción de lavado de dinero” en el ingreso de áridos chapareños al mercado de la construcción de Santa Cruz, en vista de los precios artificialmente bajos de ese material, de donde se presupone la posibilidad de un dumping apuntalado por una economía ilícita.
¿Cómo se ha respondido al mismo fenómeno en otros países de América Latina? El fenómeno del lavado de dinero del narcotráfico en la construcción ha sido objeto de múltiples estudios en el continente, remarcando, como el artículo del mexicano José Arbulu (La prevención antilavado en las empresas constructoras) la importancia de verificar el valor de los materiales.
“Las empresas constructoras e inmobiliarias corren el riesgo de quedar involucradas en actividades de lavado de activos de forma directa o indirecta. (…) Será indirecta si el negocio es utilizado para el reciclaje de fondos ilícitos con desconocimiento de sus representantes o directivos”, señala.
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Para reducir el involucramiento indirecto, en varios países se han propuesto e implementado sistemas de información, como el impulsado en México desde 2012, promoviendo un programa de autorregulación de las constructoras.
En Ecuador, un estudio de la Universidad del Azuay subraya “la necesidad de que exista un documento o manual que regule las diferentes maneras de detectar, prevenir y erradicar que se dé el lavado de activos. Manual que deberá ser socializado a todas las personas que de una u otra manera estén involucradas en el campo de la construcción”.
En Colombia, de acuerdo a los investigadores Javier de Quinto (Universidad San Pablo-CEU) y Adriana Arcila (Universidad de Manizales), la penetración del narcotráfico en el sector de la construcción “no fue tan alta debido a que este sector está dotado de un esquema de financiamiento institucional, sujeto a requisitos previos e información”.
Como se ha visto en este breve análisis comparativo, uno de los principales recursos utilizados ha consistido en dar información a los agentes económicos para que puedan tomar decisiones responsables, impulsando su autorregulación.
En el caso de Santa Cruz que citábamos al inicio, la Gobernación podría asumir este rol en el marco de su catálogo competencial, que incluye la “planificación del desarrollo departamental”, “estadísticas departamentales”, “transporte terrestre” y “proyectos de infraestructura”.
Se trataría de una modalidad de planeamiento indicativo, no vinculante, donde el Gobierno Departamental sistematizaría información (estructura de costos referenciales que eviten precios predatorios o narcodumping, etc.), facilitándola a los tomadores de decisiones en sectores ligados a la construcción, tanto en la obra privada como, prioritariamente, en la pública.