Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) se pronunciara con carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para los Estados signatarios, que la reelección indefinida no es un derecho humano, la intención de llevar adelante un juicio de responsabilidades en contra del expresidente Evo Morales, los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) crece y toma forma.
Fuente: Brújula Digital
Desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), actores políticos hasta constitucionalistas y juristas coincidieron en señalar que se debe iniciar un juicio de responsabilidades en contra de Evo Morales, de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 2017 y de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 2019 por haber “violado” la Constitución Política del Estado (CPE) y haber ido en contra ruta de los principios democráticos.
Manuel Morales, representante del Conade, dijo a Brújula Digital, que buscará la unidad de las fuerzas políticas del país y de la sociedad civil para aunar “esfuerzos” en la búsqueda de un juicio de responsabilidades contra Morales, los magistrados del TCP y de los vocales del TSE.
“Ahora exigimos, como sociedad civil, tengamos todo el apoyo de las fuerzas políticas del movimiento cívico para concentrar está demanda en una sola acusación y en ese sentido el Conade está trabajando para exigir al resto de las fuerzas políticas para aunar esfuerzos en una sola dirección”, sostuvo.
Sin embargo, explicó que dicho enjuiciamiento no procedería en un menor tiempo y que uno de los problemas es que el sistema judicial está en manos del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes evitarían llevar a un juicio a Evo Morales.}
“El juicio de responsabilidades debe ser tratado en la ALP y luego pasar por el Fiscal para su aprobación y de ahí se sustancia en la Corte Suprema de Justicia, (pero) las tres instancias están en manos del MAS, para (llevar el juicio) debe haber primero una reforma estructural del sistema judicial. Lo que pedimos es un esfuerzo unitario y esa es la tarea en este primer momento”, explicó Morales.
Recalcó que un juicio –si se lo piensa llevar– debe hacérselo en instancias separadas. Dijo que Evo Morales debe ir a juicio porque atentó contra la CPE al obviar el referéndum del 21 de febrero de 2016 que votó en contra de más de dos mandatos continuos. Y los juicios a los magistrados del TCP se lo debe hacer por la sentencia 084/2017 por interpretar un artículo fuera de su tuición y competencia, en tanto que a los vocales del 2019, por haber aceptado una repostulación del jefe del MAS en las elecciones de octubre de 2019.
“Hay un juicio de responsabilidades hacia Evo Morales que debe hacerse por cuerdas separadas, hay otro juicio que se tiene que abrir a los magistrados del TCP, por la sentencia 084/2017, y debe hacerse otro juicio de manera directa a los vocales del Tribunal Supremo Electoral del 2019, por haberlo inscrito a Morales para las elecciones, sabiendo los antecedentes del referéndum de 2016 que era de carácter vinculante, entonces, los juicios deben ir en esa dirección”, indicó el representante del Conade.
Al respecto, el expresidente y líder de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, planteó un juicio contra los Magistrados del TCP por el delito de “prevaricato” y contra Evo Morales por “incumplimiento de deberes y por atentar contra la soberanía popular” (representada en el referéndum del 2016).
Por su parte, el exalcalde de La Paz y abogado, Juan del Granado, sostuvo que los magistrados del TCP cometieron dos delitos al interpretar el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), por el cual se definió que la reelección presidencial indefinida es un “derecho humano”.
“A mi criterio, este TCP del año 2017, no solamente violentó la CPE, sino que usurpó funciones. La labor interpretativa del pacto de San José de la Convención Interamericana, es privativa de la Corte Interamericana, nadie más que la Corte puede interpretar el Pacto de la Convención”, señaló el abogado.
Al respecto, en noviembre de 2017, el TCP mediante la Sentencia Constitucional 084/2017 del 28 del mes mencionado, habilitó la elección indefinida de Evo Morales, bajo el criterio de Control de Convencionalidad, el cual fue el resultado de una interpretación por sí mismos al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Manuel Morales recordó que en el cabildo de 2019 –cabildo por el tema de la Chiquitania–, se definió darle todas las facultades al Conade para iniciarle un juicio de responsabilidades a Evo Morales.
“En cuanto al tema de juicio de responsabilidades, a la opinión pública hacerle recuerdo de qué es una resolución de cabildo. Con el tema de la Chiquitania, hubo una resolución de Cabildo en la plaza de San Francisco, de darle todas las facultades al Conade para iniciarle un juicio de responsabilidades a Evo Morales”, manifestó.
Dijo que en consecuencia el Conade va a dar cumplimiento a la resolución (tomada en el cabildo de 2019).
A su vez, el abogado constitucionalista, César Cabrera, dijo que Evo Morales y los magistrados del 2017 cometieron delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes.
Por su parte, el analista Carlos Cordero, mencionó coincidió con Cabrera y afirmó que junto a Morales también deberían ir a juicio la gente de su entorno, es decir, abogados, ministros, magistrados, dirigentes políticos, legisladores y todos los que lo apoyaron. “Sin embargo -dijo- será muy difícil tal como está en este momento el aparato judicial muy servil con el poder y el Gobierno de turno. Pero, sin duda, la oposición al menos lo va a intentar”.
Las afirmaciones de los actores políticos se dieron luego de que la Corte-IDH, de manera oficial, concluyera “que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general, en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacionales, en la costumbre regional, ni en los principios generales de derecho”.
El fallo de la Corte fue rechazada por partidarios del Gobierno, como lo es el ministro de Justicia, Iván Lima, que dijo que el tema ya estaba cerrado, porque en 2020 se llamó a nuevas elecciones presidenciales.