El ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que un eventual juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres ocurridas en Sacaba y Senkata se daría con nuevos magistrados por el tiempo que demora la etapa preparatoria.

“Este Tribunal Supremo de Justicia que está actualmente en funciones vence su periodo en diciembre de 2023. Le quedan dos años y fracción y si revisan los casos del 2003 como la Guerra del Gas, todos los juicios de responsabilidades en la etapa preparatoria duran al menos un año y medio incluso hasta dos años. Espero este año en Sucre se marque la etapa inicial del proceso penal, luego a juicio y para ese juicio los bolivianos habremos elegido nuevos magistrados”, detalló Lima a La Razón Radio en el programa de streaming que se difundirá hoy.

El ministro afirmó también que se quiere evitar retrasos en el proceso y que la actual etapa preparatoria estará marcada por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En esa línea, remarcó que se cumplirá con el debido proceso y con todas las garantías para Áñez. “Revisemos quienes están. Hay dos magistrados: uno de Potosí y otra de Tarija. ¿Quién es la magistrada de Tarija?, la señora que Luis Fernando Camacho proponía que asuma la presidencia del país, la señora Cristina Díaz. (Esta señora) alegaba ser la representante de Camacho en el Órgano Judicial”.

La expresidenta Áñez pidió esta semana garantías del debido proceso y desafió al exmandatario Evo Morales a ser investigado en el marco del informe que la GIEI-Bolivia presentó al Estado boliviano sobre las vulneraciones de derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019.

“Exigimos respeto a la #Constitución, garantías con un debido proceso e igualdad de condiciones. #JeanineAñez #liberenaJeanine #Justicia #Bolivia #DerechosHumanos”, posteó la exmandataria en su cuenta en Twitter.

procesos. En marzo, el Ministerio de Justicia presentó a la Fiscalía General del Estado cuatro juicios de responsabilidades contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y sus exministros.

Las acusaciones responsabilizan a Añez y los exmiembros de su gabinete por el “préstamo irregular y oneroso” de $us 346,7 millones por parte del FMI, la “prórroga ilegal de concesión de Fundempresa”, la “vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile” y “las restricciones durante la pandemia”.

La Fiscalía imputó a la exmandataria y sus exministros de Justicia Álvaro Coímbra y de Energías Rodrigo Guzmán por los delitos de “terrorismo, conspiración y sedición” en la investigación del caso denominado Golpe de Estado. En respuesta, Áñez afirmó que tal golpe de Estado “nunca” ocurrió y denunció una persecución política en contra suya y de sus exfuncionarios.

El martes, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigaron los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, presentaron oficialmente el documento.

En su informe, el GIEI recomendó, entre varios puntos, que el Ministerio Público conforme, a corto plazo, con el apoyo de la cooperación internacional, grupos de trabajo especializados a nivel departamental para que investiguen, de manera coordinada a nivel nacional, los hechos ocurridos durante la crisis de 2019.

El GIEI, que fue conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también recomendó que el Ministerio Público realice una revisión escrupulosa de todos los casos en curso o cerrados, con los principios de debida diligencia y debido proceso a los acusados.