«Las pruebas PCR y antígeno nasal del sistema de salud son para las personas que presentas síntomas, para contener la transmisión del virus y no para garantizarle a algunas personas el acceso a las fiestas», sostuvo la viceministra María Renee Castro
Marco Antonio Chuquimia
Las personas que no tengan vacuna contra el coronavirus y pretendan presentar certificados de pruebas anticovid tendrán que ser de laboratorios privados, porque los que se realizan en el sistema público y en el Seguro Social no tendrán ninguna validez, según la viceministra de Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro.
“Veamos Santa Cruz. Están demandando pruebas de diagnóstico porque la población tiene miedo de haberse contagiado. Al ver estos datos, esas pruebas no pueden ir a la población que quiere ir al cine, que quiere ir a pasear con la familia o viajar, para nada. Las pruebas PCR y antígeno nasal del sistema de salud son para las personas que presentas síntomas, para contener la transmisión del virus y no para garantizarle a algunas personas el acceso a las fiestas”, graficó la autoridad.
A partir del 1 de enero entrará en vigencia el decreto 4640, que dispone la obligatoriedad de la ciudadanía de portar el carnet de vacunas anticovid o la presentación de una prueba PCR que tenga vigencia mínima de 48 horas para ingresar a establecimientos públicos o privados.
Según el Gobierno, estas pruebas deben ser de laboratorios privados. Un examen de esa naturaleza tiene un costo entre 450 a 600 bolivianos.
Por otro lado, el viceministro, Jorge Silva, adelantó que la falsificación de ese documento puede traer problemas legales para la persona; no solo para el que enseña la prueba PCR falsa, sino también para que el diseñó el documento fraudulento.
Castro dijo que incluso las personas que son alérgicas a las vacunas y que nunca recibieron dosis alguna, tendrán que demostrar que su vida corre peligro al recibir un inmunizante; caso contrario tendrán que enseñar sus pruebas PCR para pasar los controles.
De ese modo el Gobierno empezó a anunciar el endurecimiento de las medidas de control para que todos los ciudadanos porten su carnet de vacunas “actualizado”, es decir, con las dosis en los casos que corresponda.
Según el artículo 4 del decreto 4640 las instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otras donde exista aglomeración, deberán solicitar a las personas el carnet de vacuna. La misma obligatoriedad tienen las empresas de transporte terrestre y aéreo.