Están acusados por “actos vandálicos, que atentaron contra la autoridad, personas y bienes, así como graves alteraciones al orden”. Preocupa particularmente la figura de “sedición” por la que piden hasta 30 años de prisión.
Cubanos protestando contra el Gobierno el 11 de julio pasado, en La Habana (REUTERS/Alexandre Meneghin)
Fuente: Infobae
La Fiscalía General de Cuba informó el martes que en estos meses se presentaron más de un centenar de expedientes judiciales en los que 790 personas están siendo procesadas en relación con las inusuales protestas antigubernamentales de julio en la isla.
Esta es la primera información sobre los avances judiciales desde el mes de agosto y es una respuesta a las campañas en redes sociales de activistas y parientes de muchos de los acusados que informaron sobre los juicios y los pedidos de penas de hasta 30 años por sedición.
En Twitter, la embajada de Estados Unidos en La Habana criticó este martes “las condenas desmesuradas contra jóvenes pacíficos e inocentes” y advirtió que “todos escuchamos a las familias cuando hablan de estos atropellos de justicia”.
“No podrán aplastar los reclamos del pueblo para un futuro mejor”, anotó.
Los arrestos violentos durante las manifestaciones y las detenciones en los días posteriores al 11 y 12 de julio fueron condenados por distintos gobiernos, sobre todo de países críticos a Cuba, como Estados Unidos y organizaciones que las consideraron una forma de coartar la libre expresión.
Foto de archivo: Protesta contra el gobierno cubano en La Habana (REUTERS/Alexandre Meneghini)
En cambio, la nación caribeña rechazó el señalamiento y acusó a Washington y grupos de exiliados anticastristas de echar leña al fuego de las molestias de la población en medio de desabastecimiento de medicinas y alimentos, las dificultades económicas por la pandemia y una agudización de las sanciones.
Hasta ahora no hay una cifra oficial clara de las personas arrestadas al fragor de aquellos días, pero la agrupación de derechos humanos Justicia 11J, que monitorea los casos y trata de contactar a las familias, reportó unas 1.300 detenciones.
Según informó la Fiscalía esta semana, luego de la investigación se recibieron 117 expedientes en los cuales fueron instruidos de cargo 790 ciudadanos por “actos vandálicos, que atentaron contra la autoridad, personas y bienes, así como graves alteraciones al orden”, indicó el comunicado. El 21% de los encartados tenía antecedentes penales, agregó.
Concentración en la Puerta del Sol, en Madrid, en apoyo a las marchas en Cuba (EFE/Kiko Huesca)
Hasta ahora, explicó la nota informativa, se presentaron ante los tribunales unos 110 casos con 710 involucrados, de los cuales el 69% de ellos permanecen en prisión. Además, aclaró la situación de algunos menores -en Cuba la edad de responsabilidad penal es de 16 años- que habían sido arrestados, de los cuales hubo 55 y de los cuales 28 siguen tras las rejas.
Otros 60 ciudadanos de entre 19 y 20 años también fueron encarcelados, pero sólo 41 se mantienen presos.
Algunas de las protestas fueron pacíficas, pero otras terminaron en enfrentamientos con la Policía, saqueos de tienda y volcaduras de autos que le costaron la vida a un manifestante. Se produjeron en varias ciudades del país, aunque no tuvieron un liderazgo claro y muchas de las personas no eran militantes políticos.
Un hombre participa en una manifestación de cubanos opositores al Gobierno, en una fotografía de archivo (EFE/Raúl Martínez)
Cuba sufre una grave crisis económica que fue agudizada por la pandemia y las medidas sancionatorias del embargo, incrementado por la administración estadounidense del presidente Donald Trump, pero que permanecieron tras la asunción de su sucesor Joe Biden. Las medidas buscan presionar un cambio de modelo político en la isla.
Según la Fiscalía, hasta la fecha, del centenar de juicios previstos se realizaron 84 y ya se dictaron 44 sentencias para 172 acusados.
Familiares y activistas se mostraron muy preocupados por la aplicación de la figura de sedición para la cual los fiscales están pidiendo hasta 30 años de cárcel en los procesos.
“La determinación de acusar por el delito de sedición, aunque tiene previstas sanciones severas, se corresponde con el nivel de violencia demostrado”, justificó la Fiscalía, que recordó que en algunas localidades se apedrearon instituciones, hospitales, casas de cambio y estaciones de gasolina. Mientras en otras también se saquearon tiendas.
(Con información de AP y AFP)