Declaró que otra abogada le pidió esa cantidad de dinero para sacarlo de prisión, pero no lo tenía y buscó una oferta más barata.
Fuente: paginasiete.bo
La primera oferta que recibió Richard Choque para dejar el penal de San Pedro fue de 10.000 dólares. Consideró que era “mucho” y buscó una opción más barata hasta que obtuvo una por 3.500 dólares. Una abogada le pidió ese monto a cambio de salir de la cárcel pese a tener una condena de 30 años de prisión por el asesinato de una joven de 20 años.
“La primera doctora (no recordó su nombre) que me pasó el número de la doctora Paco, me quería cobrar 10.000 dólares. Ese monto era imposible de reunir, por lo que llamé al número de me dio y aproximadamente pagué entre 3.500 y 4.000 dólares”, dijo Richard Choque, en la declaración ampliatoria que hizo en el penal de Chonchocoro.
La anterior semana, el Ministerio Público aprehendió a Carmen S., la abogada que firmó la petición para que Choque salga con detención domiciliaria. El fiscal Johan Muñoz afirmó que en el allanamiento encontraron una “infinidad” de documentos y ella acreditó que sólo se dedicaba a tramitar procesos de ejecución penal. “Llamó la atención que encontramos una resolución con las mismas características con las que Choque obtuvo su detención domiciliaria y los partícipes son los mismos”, dijo.
En 2019, Choque solicitó dejar el penal de San Pedro y el Juzgado Primero de Ejecución Penal, que era dirigido por el entonces juez Rafael Alcón, le concedió la detención domiciliaria por 18 meses. La resolución fue dictada sin la presencia de la parte querellante y con el respaldo de un certificado médico que reportaba diabetes y gastritis, firmado por el médico Freddy T.
Sin embargo, Choque aseguró que en ningún momento asistió a una clínica o fue revisado por un profesional médico.
La solicitud fue presentada un 24 de diciembre y tres días después del feriado de Navidad, se firmó la resolución para que deje el penal de San Pedro.
Antes de su detención, la abogada S. dijo que “nunca” defendió a Choque. “No conozco al señor o a sus familiares. Sólo hice el favor de firmar el memorial a una colega, Marlene P.”, sostuvo la jurista.
Aseguró que Choque ni sus familiares contrataron sus servicios. Inmediatamente después la abogada P. fue detenida.
El Gobierno indicó que las personas condenadas a 30 años de prisión sin derecho a indulto no pueden dejar la prisión. El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que Choque es parte de una estructura que “usa el dinero que obtenía para asegurarse la impunidad, para que la justicia no actúe”.
En la actualidad, el Gobierno conformó una comisión compuesta por representantes de los tres poderes del Estado. Las autoridades tienen el objetivo de revisar todos los procesos de los juzgados de Ejecución Penal en los que se haya liberado a sentenciados por los delitos de feminicidio o violación.
El Gobierno detectó que desde la trabajadora social hasta el exjuez Rafael Alcón eran miembros de una red de corrupción que tenía una función específica de liberar a asesinos y feminicidas como Richard Choque. Por ejemplo, Marlene P. era auxiliar del juzgado Primero de Ejecución Penal y fue ella quien ayudó a varios delincuentes a conseguir una salida alternativa a la cárcel.
