Por miedo a represalias, víctimas no testificaron ante la Corte Penal Internacional

El abogado habilitado en la CPI reveló que altos funcionarios de salud negaron información útil para que la demanda prospere en tribunales internacionales

 

Fuente: El Deber



El temor a las represalias y a la persecución impidió que las víctimas y familiares de los fallecidos por el bloqueo de carreteras en agosto de 2020, testifiquen en contra del expresidente Evo Morales y otros en el proceso que fue rechazado por la Corte Penal Internacional (CPI), denunció Alfonso M. Dorado, desde París.

“En este caso, lamentablemente, pocas víctimas o sus familiares que se han logrado contactar han tenido y tienen temor de presentarse ante la CPI y la Fiscalía por las represalias internas en Bolivia. Pese a que se les ofreció garantías de confidencialidad y reserva”, contó el representante legal de los 10 ciudadanos que interpusieron otra denuncia internacional en 2019 contra el exmandatario y líder del MAS, Evo Morales.

Dorado dijo que la situación se complica cuando existen testigos que dudan de declarar y, sobre todo, por el tiempo que tienen para presentarse ante la CPI. “Un testigo que recibió un impacto de bala también estaba dudando en presentarse” y aclaró que no lo hizo.

Sobre el miedo de las víctimas, el diputado oficialista Rolando Cuéllar aseguró que el Gobierno respeta los derechos constitucionales y negó cualquier intento de persecución contra personas que quieran denunciar actos de corrupción o de violación de los derechos humanos. “El Gobierno no hace persecución política”, dijo.

El 14 de febrero, la Fiscalía Internacional rechazó la petición del Estado de investigar por crímenes de lesa humanidad al expresidente Evo Morales, al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y al dirigente cocalero y actual senador por el MAS, Leonardo Loza. Fueron acusados de promover los bloqueos de carreteras que ocasionaron la muerte de al menos 40 pacientes con coronavirus en agosto de 2020.

Tras esta decisión, el Gobierno acogió como vinculante y de cumplimiento obligatorio la determinación del fiscal de la CPI, Karim Khan, que rechazó la acusación por los hechos ocurridos entre el 3 y el 14 de agosto de 2020.

Documentación y errores

El jurista confirmó a este medio que otra de las falencias en este caso fueron que altas autoridades de salud de Añez que inicialmente afirmaron tener documentación de la geolocalización de los hospitales, lista de nombres de los fallecidos, de los manifiestos de carga con suministros presuntamente bloqueados, no fueron proporcionados pese a que tenían acceso a esa información.

“No presentaron elementos que pudieran permitir demostrar que fue por culpa de estos bloqueos y que puedan referir esa intencionalidad de querer matar que también critica el fiscal”, aseguró.

El exprocurador del Estado, José María Cabrera, afirmó que el fiscal Khan suspendió la investigación contra Morales y otros dirigentes por falta de cooperación del Estado boliviano en el aporte de nuevas evidencias. Mientras la senadora opositora Andrea Barrientos (CC) sostuvo que la lectura que hizo el gobierno de transición para presentar la denuncia fue “inadecuada” porque no agotó los procedimientos internos.

Impugnación

Dorado también explicó que si bien el fiscal señaló que no existen suficientes elementos que determinen la causalidad de los hechos, la planificación y la línea de conducta, eso no significa que no se cometieron los delitos solo se requiere probar ese vínculo causal de las muertes y los bloqueos.

En ese sentido dijo que quienes están encargados de añadir más elementos e impugnar son el Estado y las víctimas. Sin embargo, afirmó que no ve este interés del actual Gobierno porque es uno distinto al que puso la demanda.

“El Estado, obviamente, no creo que haga (la impugnación) porque sería como dispararse en su propio pie. Sin embargo, sí, lo pueden hacer las víctimas”, aclaró.

Fuente: El Deber