El exrepresentante de los docentes universitarios Rodrigo Rodríguez y al exrector de la Universidad Tomás Frías Juan Justo Roberto Bohórquez Ayala deberán comparecer el lunes en audiencias de declaración fiscal, como parte de la investigación por el caso del exdirigente Max Mendoza, acusado de cometer delitos al asumir altos cargos universitarios y cobrar sueldos.

Rodríguez y Bohórquez firmaron en 2018 la resolución que declaró a Mendoza, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz, como secretario nacional a. i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sin ser docente y con sueldo, y miembro del Presídium del XIII del Congreso Nacional Universitario.

El fiscal Junior Flores informó que se los citó como sindicados, aunque aclaró que recién tras sus declaraciones se definirá la situación jurídica de los citados que, junto a Mendoza, fueron expulsados del sistema universitario en el reinicio del Congreso Nacional Universitario declarado en 2018 en cuatro intermedio en Potosí.

“Tienen ya programada la declaración informativa a Bohórquez y Rodríguez para el lunes en horas de la mañana. De acuerdo a sus declaraciones se va a definir la situación jurídica de estas personas”, explicó el fiscal sobre los dos investigados que hasta el momento guardan silencio sobre su actuación en 2018.

Mendoza está acusado por los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones. Además de haber asumido un cargo que no estaba dentro de la estructura del CEUB, firmó un convenio por Bs 800.000 para la facilitación de pasajes al interior y exterior.

“Se habría beneficiado de manera irregular con una resolución administrativa del CEUB, del 14 de diciembre de 2018, que le habría permitido percibir un sueldo de 21.870 bolivianos mensuales desde el 18 de mayo de 2018 al 18 de mayo del 2022, con el cargo de miembro del Presídium XIII del Congreso Nacional Universitario – CNU, cuando el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana aplicable al CEUB no establece dentro de su estructura organizacional la existencia de un cargo remunerado como trabajador del Presídium del Congreso Nacional de las universidades”, explicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave, antes de la cautelar del exdirigente.

Mendoza fue enviado por seis meses a la cárcel con detención preventiva. Fiscales y policías allanaron el martes las oficinas del CEUB y secuestraron documentación donde trabajaba el ahora exuniversitario con 52 años, de los que más de 30 estuvo en la universidad y más de 10 como dirigente.