El juez, que apareció en fotografías junto al presidente Luis Arce Catacora y el procurador Wilfredo Chávez, favoreció a un recluso con una acción de libertad pese a que tenía condena ejecutoriada por asesinato.
Carlos Quisbert / La Paz
El Ministerio Público dispuso la aprehensión y emitió la imputación contra el juez Primero Cautelar de la ciudad de El Alto, Marco Antonio Amaru, por un segundo caso en el que presuntamente dio libertad a un recluso sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de asesinato.
El juez Amaru, que apareció en fotografías junto al presidente Luis Arce Catacora y el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, favoreció al recluso con una acción de libertad y usurpó funciones de otro magistrado, según el fiscal del caso, Gustavo Balderrama.
“El ciudadano Marco Antonio Amaru se encuentra en calidad de aprehendido. Esta persona fue imputada por incumplimiento de deberes y prevaricato. Esto a raíz de una denuncia que presentó Carminia Martínez, encargada distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz”, informó a Página Siete el fiscal Balderrama.
Según el fiscal, Amaru dictó la resolución 321/2021 en la que concedió detención domiciliara a Jaime Valencia Callisaya, un reo con sentencia de 30 años de cárcel por el asesinato y desaparición de un comunario y familiar suyo; ese hecho fue cometido en 2011 en Sorata, provincia Larecaja, La Paz. El interno fue condenado junto a otras tres personas.
De acuerdo con la relación de los hechos, el cumplimiento de dicha sentencia -que ya estaba ejecutoriada- era de responsabilidad de Antonio Laurenty Titirico, juez de Ejecución Penal Primero de El Alto.
Fue ante esta autoridad que, en un primer momento, Valencia presentó una solicitud de detención domiciliaria, con el argumento de padecer una supuesta enfermedad terminal. Pero el juez Laurenty rechazó esa petición.
A raíz de ese rechazo, la defensa de Valencia interpuso una acción de libertad en diciembre de 2021, durante la vacación judicial. El recurso jurídico recayó en el juzgado de Amaru para su respectivo tratamiento.
El fiscal Balderrama explicó que el juez Amaru, si bien podía instruir a su colega Laurenty una revisión de su resolución de rechazo al pedido de Valencia, no tenía autoridad para valorar los certificados médicos y menos dictar una resolución de libertad con cinco medidas sustitutivas, como lo hizo en favor del privado de libertad sentenciado.
Además, el juez Amaru, en el decreto judicial, se refirió al sentenciado como si fuera un detenido preventivo y no una persona con condena ejecutoriada, acotó el fiscal.
Amaru determinó en favor de Valencia la detención domiciliaria “estricta sin salida laboral”, la verificación del domicilio, el arraigo para que no salga del país, la imposición de una fianza de 5.000 bolivianos y la presentación obligatoria ante el juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto, cada 15 días, para firmar un cuaderno de control.
Por esa razón, el juez Amaru fue imputado en un segundo proceso que pesa en su contra. Según la resolución de imputación, Amaru se negó a dar su versión y se acogió a su derecho a guardar silencio.
Por otro lado, la representante distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz, Carminia Martínez, no atendió las consultas sobre este tema, debido a que se encontraba de viaje, según una de sus colaboradoras.
Ahora, Amaru se encuentra aprehendido en celdas policiales de El Alto a la espera de que se resuelva su situación jurídica en este caso.
El fiscal Balderrama informó que la defensa del juez presentó una recusación contra el titular del Juzgado Primero Anticorrupción de El Alto; por ese motivo, el caso pasó a conocimiento del juez Cuarto de la misma especialidad.
Hasta el cierre de edición de esta nota no se había señalado fecha y hora para la audiencia cautelar del juez aprehendido.
Primer proceso
En un primer proceso penal, el juez Amaru fue imputado por consorcio de jueces, fiscales y abogados. Y el 16 de marzo de este año, el juez Tercero Anticorrupción, Eduardo Foronda, dispuso la detención domiciliaria con salida laboral en favor de su colega Amaru.
En este caso, el imputado fue implicado en beneficiar con otra acción de libertad a Eliot Mamani, detenido por el feminicidio de Janett Flores, hecho registrado en 2021.
“Es una conducta delictiva reiterada con un mismo modus operandi, es decir la presentación de una acción de libertad por parte de personas detenidas o con sentencia. Es en estas audiencias que se dictan resoluciones en su favor”, manifestó Luis Guillén, abogado de la familia Flores.
El jurista explicó que, según las investigaciones de este caso, existe una red de autoridades judiciales y abogados que operan de manera ilegal, con el fin de beneficiar a personas sentenciadas. Pese a que ya tenía arresto domiciliario, Amaru seguía ejerciendo el cargo de juez.
En esas imágenes proselitistas, Amaru aparece junto al procurador Wilfredo Chávez y al expresidente Evo Morales.
Entre los procesos penales que se abrieron contra Amaru, está el caso presentado por la Magistratura por el cobro de 27.000 bolivianos en sueldos del Órgano Judicial en 2013, pese a que ya no se presentaba a trabajar como oficial de diligencias del Juzgado de Omasuyos. También fue imputado por patrocinio infiel, en un caso en el que después de ser la defensa de un denunciado por violación a una mujer, se presentó como apoderado de la víctima e intentó conciliar y archivar esa demanda.
Ambos casos fueron cerrados, no porque se haya declarado la inocencia de Amaru, sino porque vencieron los plazos y no se investigaron los hechos.
Asimismo, durante su postulación a juez, Amaru presentó una certificación académica que no le servía para sumar más de 11 puntos, pero la comisión calificadora le otorgó un puntaje de 35/40 en ese ítem.