Carolina Ribera, hija de la acusada expresidenta Jeanine Áñez, justificó la represión con muerte de las movilizaciones de Senkata del 19 de noviembre de 2019 y afirmó que en las protestas alrededor de la planta de combustibles iban a morir 2 millones de personas.

“Todos somos testigos, y usted también, de que estuvo a punto de explotar una planta de gas en Senkata, donde iban a morir por lo menos 2 millones de bolivianos, porque eso (la onda expansiva) iba a llegar hasta la ciudad de La Paz. Eso se evitó, y lo que hizo mi madre fue evitar más muertes que inició Evo Morales”, dijo la joven este miércoles en entrevista con la transmisión digital La Razón Radio.

La declaración de Ribera fue contraria al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que investigó la violencia y violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. “El GIEI no ha identificado evidencias concretas que indiquen que se hubiera producido un ataque directo contra la planta y que ésta haya estado expuesta a un riesgo de explosión”, dice el informe presentado el 17 de agosto de 2021.

“De hecho, quedó demostrado que, aun tras el derribamiento del muro, los manifestantes no representaban un riesgo concreto para la seguridad de la planta”, insiste el informe del GIEI.

Incluso, autoridades del gobierno de entonces y medios de comunicación informaron que el muro de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) había sido derribado “a punta de dinamitazos”. “La evaluación de la prueba audiovisual revisada por el GIEI no confirma el uso de dinamita para derribar el muro”, concluyó el GIEI.

“El GIEI revisó distintos videos actuales —incluso las grabaciones de las cámaras de seguridad de YPFB— y no identificó el uso de material explosivo. Lo único que pudo observarse es a un grupo de personas que empujan repetidamente el muro, hasta que lo derriban”, complementó.

Ribera se refirió al tema en medio del juicio que su madre enfrenta por su proclamación presidencial en 2019, por la que es acusada en el caso Golpe de Estado II, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes. El juicio ordinario se encuentra en la fase de alegatos finales, en puertas de la sentencia.

Entonces, las movilizaciones en respaldo al entonces renunciante Morales derivaron en el cierre de la planta de Senkata, desde donde pobladores de El Alto y La Paz se proveen de gas licuado, gasolina y diésel. Al amparo del Decreto Supremo 4978, firmado por Áñez y sus ministros, los militares reprimieron a los manifestantes y el saldo posterior de la intervención fue una decena de muertos a bala.

“Evo Morales sacrificó a su militancia, sacrificó a las víctimas de Sacaba y Senkata. Yo digo que ellos necesitan también que se haga justicia y Evo Morales es el único culpable”, insistió Ribera.

Ese día, las Fuerzas Armadas ejecutaron el llamado Plan Sebastián Pagador. Y el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que “del Ejército no salió ni un solo proyectil”.

La represión policial-militar en Senkata, cuatro días después de otra que terminó con 10 fallecidos en Sacaba, derivó en la muerte a bala de una decena de manifestantes.

Militares en apronte durante la represión con muertes en Senkata, en 2019. Foto: La Razón-archivo