El marco normativo laboral que impera en el país beneficia sólo a la minoría y fomenta la informalidad, de acuerdo a dos analistas. Hace unas semanas, se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de restitución de derechos laborales, norma que también iría en esta línea.
Dicho proyecto acorta los procedimientos para que un empleado, que haya sido despedido de forma injustificada, sea restituido en su fuente laboral de forma más rápida.
En el conversatorio Diálogos al Café, organizado con apoyo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), el exdirigente obrero y diputado por Comunidad Ciudadana Gonzalo Rodríguez resaltó que este proyecto de ley sólo beneficiará a una minoría, pues no contempla ni a los funcionarios públicos ni a los trabajadores de salud, mucho menos a la mayoría de la población, que está en el sector informal.
Rodríguez calificó esto como “una discriminación inadmisible” y un “despropósito”, ya que ni siquiera el Estado estaría obligado a cumplir la norma, sólo los empleadores privados del sector formal.
Evidentemente, el artículo 2 del mencionado proyecto de ley señala que se aplicará sólo a los trabajadores “comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo”. Esto deja fuera a más de un 80 por ciento de los trabajadores.
En este contexto, las declaraciones del máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, en el sentido de que esta ley es para todos los trabajadores, no parecen acercarse a la realidad.
El abogado laboralista Pablo Carrasco dijo que en el país más del 80 por ciento de los trabajadores pertenecen al sector informal, y del 20 por ciento que están en la formalidad, aproximadamente un 20 por ciento trabaja para el Estado.
Carrasco resaltó que con normas como éstas “definitivamente va a haber una precarización en cuanto al empleo”, ya que es una “invitación a permanecer en la informalidad”, un espacio donde las normas laborales no se aplican y no hay mecanismos de control estatal. En su opinión, más bien se deberían aplicar políticas relacionadas con la productividad.
“Estas políticas de tanta inflexibilidad laboral más que coadyuvar afectan terriblemente a la incorporación al empleo a personas jóvenes, porque tienes personas muy mayores quienes no quieren jubilarse y a quienes no puedes retirar”, indicó Carrasco.
Por su parte, el abogado laboralista recordó que la mayoría de las demandas de reincorporación resueltas por el Ministerio de Trabajo son favorables a los empleados, pero sólo en aquellos casos donde el empleador no es el Estado, sino un privado.
Pese a este panorama, el diputado Rodríguez dijo que hay otros factores que desincentivan aún más la inversión privada local, como las políticas gubernamentales que restan competitividad a la producción nacional en comparación con los países de la región. “La inversión local no quiere correr riesgos”.
Estado incumple convenio de la OIT
Después de que se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley 283, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Juan José Jáuregui, indicó que la norma fue instruida por el presidente Luis Arce y elaborada por el Ministerio de Trabajo en consenso con la Central Obrera Boliviana (COB).
El sector empresarial no participó en la elaboración de este proyecto. La situación suele repetirse en otras decisiones que afectan al sector empresarial, como los aumentos salariales.
El Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por Bolivia, indica que el Estado debería consensuar las políticas laborales con todos los actores, pero esto no se cumple.
Fuente: lostiempos.com