El senador oficialista Rubén Gutiérrez afirmó que el Gobierno, a través de la Procuraduría General del Estado, realizará las acciones pertinentes para revertir el laudo arbitral del CIADI
PENSIONES. Las instalaciones de la AFP BBVA Previsión, en La Paz.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez informó este jueves que el Estado tiene la opción de acudir al recurso de “revisión y de anulación” para apelar el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que obliga al Estado pagar $us 105 millones al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) por supuestos perjuicios derivados de la demora en el traspaso del servicio a la Gestora Pública.
“Existen medios para impugnar (el fallo del CIADI), nos han informado que para eso está el recurso de revisión y de anulación, y desde luego se van a activar estos recursos para hacer prevalecer los intereses del Estado y hacer que Bolivia no pague o se disminuyan estas cuantías que han demandado ante este tribunal de arbitraje internacional”, explicó en una entrevista con el programa Piedra, papel y Tinta, de La Razón.
Asimismo, aseguró que las empresas internacionales, como el BBVA, acuden a instancias internacionales que “dependen del Banco Mundial” y “ponen en indefensión a los Estados progresistas”.
El legislador oficialista aseguró que la Procuraduría General de Estado realizará las acciones pertinentes para lograr revertir ese fallo.
Recordó, además, que Bolivia se retiró del CIADI en 2009, “sin embargo los efectos continúan”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Israel Quino en una entrevista con La Razón Radio, afirmó que Bolivia tiene un plazo de 45 días, a partir de recibir la notificación, para presentar alguna impugnación por el laudo arbitral del CIADI.
Para ello, el jurista explicó que el Estado tiene cuatro vías para revertir ese fallo: “Primero, por la vía aclaratoria, de revisión, de anulación y hasta la ordinarización (sic)” del proceso, aunque, en su criterio, lo mejor es pedir que ese fallo se anule.
Sobre esto último, Quino incluso sugirió la instalación de un juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Asimismo, recordó que el pago de $us 105 millones no debe ser efectivo hasta “conocer una segunda valoración de fondo”. Incluso, afirmó que Bolivia puede conseguir, a través de los trámites, “la rebaja” de ese monto, aunque recordó que cualquier recurso implica costas en desmedro de Bolivia.