Alianzas malditas que se dan en un país como el nuestro, donde los principios y valores han desaparecido por completo en el ejercicio del poder político, legislativo, judicial, electoral, policial y militar, es el tema diario en todos los rincones de Bolivia. La transgresión ética, como venimos observando, alude a la violación de valores o principios socialmente aceptados, es decir, a toda acción divergente o desviada respecto del estándar moral. Para que entendamos de manera clara, el estándar moral del que hablamos, son hechos que van en contra de ciertos principios, valores, normas, reglas que, bueno, estaban establecidas o consensuadas dentro de una sociedad o dentro de una organización o de un grupo de personas y que tenían que ver con la ética y la moral.
Alianzas como: El MAS – Poder Judicial; El MAS – Poder electoral; El MAS – Policía; El MAS – FFAA; Poder Judicial – Policía; El MAS – UCS; Cooperativas cruceñas – Logias; Logias – Gobernación; El MAS – Narcotráfico; Evo Morales – Carteles de droga…
Son la clara muestra de una sociedad boliviana afectada y absorbida por el mal, por la corrupción, por la degeneración, por la persecución policial, por la justicia podrida, por el libre albedrío y por la ausencia total de cumplimiento a las normas y reglas que rigen un país para su desarrollo y la buena convivencia entre sus conciudadanos.
Los principios, valores, normas y reglas que han guiado por mucho tiempo el accionar de todos los ciudadanos, que los aprendimos en casa y en la escuela, eran aquellos que favorecían una buena convivencia y que permitían la igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos. Hoy, solamente hablamos de poderes autoritarios de nuestra sociedad, que apelan a un orden social con reglas claras, engañando a la gente con posibilidades de bienestar social, entendiendo, que la corrupción es la que rige las normas y reglas acordadas entre estas alianzas malditas, y que contribuyen a la reproducción de un orden social caótico e injusto.
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Dentro de esta dimensión de desigualdades de poder, se impone la violación de normas formales e informales, donde, la transgresión ética es el elemento central. Entendiendo “el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad» como lo mencionaba Weber, 2005: 43.
La transgresión ética que los bolivianos estamos viviendo, se da con el quebrantamiento de valores socialmente aceptados a través del abuso de poder, autoridad y confianza de los gobernantes nacionales o de aquellos que dirigen entidades estratégicas de desarrollo de un pueblo como es el caso de las Cooperativas de Servicios básicos, que a la fecha se han convertido en núcleos de poderes familiares logieros, de enriquecimiento ilícito, y que han llevado a la quiebra a una tradicional e histórica Cooperativa como fue COTEL.
La corrupción altera el principio básico de igualdad que no es más que el quebrantamiento de valores socialmente aceptados. Es decir, la corrupción tiene que ver con esto de saquear la vida legal o correcta, o moralmente correcta, legalmente correcta, éticamente correcta. Y además que tenga consecuencias negativas sobre la gente más vulnerable, así de sencillo.
Las nefastas consecuencias las sentimos todos, las siente la sociedad, las siente, no sé, un pelao que no tiene para comer, un hospital que no tiene insumos. Las sentimos todos en realidad, porque todos tienen que trabajar, tener un nivel de vida que permita escaparse del índice de pobreza, ¿no?, estar un poquito por arriba, porque la mayoría es vulnerable.
El abuso de confianza, es lo que más sentimos últimamente de parte del presidente, de los ministros, de los alcaldes, de los gobernadores. Entendiendo, como un tipo particular de abuso de poder, en el cual los actores involucrados se encuentran en posiciones desiguales en función de un acceso diferencial a la información necesaria para la toma de decisiones y por medio del cual se intenta favorecer intereses particulares en detrimento de terceros. En esas situaciones los que menos sabemos depositamos la confianza en quienes son detentadores del saber y la mayoría en su desesperación, se dejan guiar por ellos en la toma de decisiones, viéndose finalmente perjudicados o desfavorecidos
En conclusión, la corrupción es una obtención ilegal/ilegítima y desleal de beneficios particulares (económicos y no económicos) en detrimento del bien común. Las prácticas corruptas son para ellos acciones que atentan contra el interés general. La corrupción es no importarme el futuro de un montón de gente por el bienestar propio.
La construcción de las prácticas corruptas en nuestra sociedad a lo largo de estos años, lastimosamente, pasa porque la sociedad boliviana se acostumbró a pagar coimas o, en un lenguaje menos fuerte, a dar propinas a los empleados de diversos ámbitos para obtener a cambio «favores».
Algunos de los ejemplos que más escuchamos: se paga coima para conseguir un trabajo como lo hacen en la Alcaldía cruceña, se paga para librarse de una multa de infracción o de un falso test de alcoholemia a la corrupta Policía, se paga coima al personal de la Aduana para que no revise el equipaje o dejen pasar mercadería chuta por las fronteras.
Se da dinero a cambio de un certificado médico que justifique o alargue licencias laborales. Se paga a las autoridades para adjudicarse una licitación pública como la basura en Santa Cruz o al ABC, se da diezmo a los jueces y fiscales para que puedan dar fallos a favor, a los supermercados para posicionar mejor el producto que se quiere vender o para obtener un lugar en la fila de un consulado o conseguir mejores asientos en un espectáculo. En fin, los ejemplos son muchos y muy variados.
La corrupción en la clase trabajadora como una estrategia de subsistencia, es también el pan diario de cada día, se puede afirmar, que los principales agentes corruptores de la esfera pública están asociados a los funcionarios o intermediarios municipales, agentes policiales y los militares de bajo rango. Ellos se encuentran en posiciones jerárquicas en la estructura social que les permiten, en mayor o menor medida, solicitar una coima, distribuir recursos o favorecer personas para la selección de un puesto, o el otorgamiento de un plan social. Los funcionarios municipales o del INRA piden coimas a los trabajadores para conferirles subsidios, rellenarles una parcela de tierra o extenderles el cableado de luz, o, simplemente otorgarles un papel donde figura la ocupación del terreno fiscal en donde posiblemente construirán su casa. Los recursos que la clase trabajadora disputa son pequeños y en su mayoría les sirven para la subsistencia.
Lo más anecdótico, es que los abusos sufridos por esta clase trabajadora son múltiples. Los trabajadores viven en barrios donde además de los impuestos municipales que solo les cubren la recolección de residuos pagan extra para el alumbrado y el servicio básico que tendría que ser una obligación de las autoridades elegidas. En nombre de esta clase trabajadora se destinan grandes sumas de dinero para paliar la pobreza, que luego son desviadas en negociados, y quienes más se aprovecharon de este tipo de práctica dolosa, son aquellos que dicen representar al pueblo, o sea, los masistas o el alcalde del pueblo o ciudad. Las relaciones sobre las cuales la clase trabajadora asienta las prácticas sociales son relaciones donde el abuso, la asimetría de poder y la jerarquía están presentes. Los intercambios de bienes de consumo personal y de necesidades básicas como los alimentos, el trabajo, la vivienda, están atravesados en la vida cotidiana por prácticas corruptas que reproducen desigualmente las clases sociales en la estructura social. De este modo, los que menos tienen son aquellos que están en peores condiciones y se enfrentan continuamente a este tipo de prácticas que afectan la distribución de recursos públicos, la igualdad de oportunidades y los derechos humanos.
Mientras tanto la corrupción en la clase media es simplemente una estrategia de ascenso social. Los agentes corruptores del sector privado están ligados a los empresarios o gerentes de grandes empresas o cooperativas, proveedores de empleos. Ellos poseen mayores capitales económicos, culturales y sociales que se traducen en los recursos que disputan o los beneficios que se obtienen.
No es para nadie extraño, que las prácticas de enriquecimiento rápido e ilícito es a través de la adjudicación de licitaciones como un nicho de corrupción; es fácil afirmar que generalmente son siempre las mismas empresas las que consiguen quedarse con los contratos del Estado. Hay distintas formas en que las licitaciones son señaladas como fuentes de corrupción, por ejemplo: las concesiones de construcción de carreteras, el recapamiento asfaltico de calles urbanas, las rutas aéreas, la habilitación de obras públicas o la concesión de tierra fiscal. Un elemento central es el dinero que se paga en forma de coima para obtener determinados contratos. Este tipo de prácticas corruptas para alcanzar negocios con el Estado bloquea el acceso de otras empresas, impidiendo el ingreso en el sistema de contrataciones.
No podemos olvidarnos del alto grado de nepotismo, las experiencias de favoritismo en la contratación de personas no idóneas para cubrir puestos de trabajo; se favorece así a un allegado, pariente o amigo para cumplir tal función en las instituciones públicas, empresas, bancos, cooperativas escolares, Hospitales, etc. En este sentido la corrupción se convierte en una estrategia que le permite a la clase media el ascenso social, la acumulación de capitales, o al menos la conservación del modo de vida. En nuestro país, somos testigos de muchos nuevos millonarios que salen a la luz pública de la sociedad, mostrando un nuevo estatus social económico, sin vergüenza en la cara, donde todos conocen cual es el origen de esa fortuna, que proviene de la corrupción o del narcotráfico.
En fin, estas asociaciones malditas para nuestro país y aceptadas silenciosamente por la sociedad, nos demuestra que no existe ningún hombre que, si puede ganar el máximo, se conforme con el mínimo. DIOS proteja a este país sin ley ni piedad
Por. Alberto De Oliva Maya