Evo anuló la Media Luna con muertes por las que ahora le exigen cuentas

El informe 394/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a lo que ocurrió en la intervención al Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, durante el gobierno de Evo Morales, concluyó que hubo asesinatos y torturas atribuidas al Estado y en los últimos días desempolvó en el país uno de los episodios más oscuros de la reciente historia, que revelan hasta qué punto pudo llegar esa administración para avanzar en sus objetivos políticos.

Hay al menos media decena de testimonios de víctimas, un exfiscal y un exfuncionario del gobierno de Morales, que coinciden en que el asalto al hotel cruceño, en el que días antes habían sido anuladas las cámaras de seguridad, fue planificado y montado. ¿Con qué objetivo? neutralizar a la denominada Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), cuyos líderes reclamaban por autonomías, no por separatismo como luego argumentó el guion del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El objetivo fue logrado y ahora se confirma que a un alto costo que incluyó la ejecución de al menos una persona, torturas y otros delitos identificados en el informe de 57 páginas de la CIDH, que concluye que “el Estado boliviano es responsable por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial” establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Ante ello, recomienda iniciar una investigación penal para definir las responsabilidades “e imponer las sanciones que correspondan”. Por confesión de parte, el principal responsable sería Morales, quien al día siguiente del operativo declaró en Venezuela: “El día de ayer dejé instrucciones precisas al Vicepresidente de la República, y mediante el Vicepresidente al comandante de la Policía nacional, a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios”.

Para entender el objetivo de fondo del operativo del 16 de abril de 2009, hay que retroceder al 18 de diciembre de 2005, cuando los bolivianos eligieron por primera vez a Morales como presidente y, a la vez, a cinco prefectos de la oposición en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba. El país quedó políticamente dividido, con un gobierno central que buscaba más poder mediante una nueva Constitución elaborada a su medida y gobiernos departamentales que defendían su espacio político aferrados a su demanda de autonomías.

En julio de 2006, en un referendo nacional, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija aprobaron un mandato vinculante para que la Asamblea Constituyente establezca un régimen de autonomías departamentales. Ese año y 2007 transcurrieron en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y los departamentos autonomistas, a los que el Ejecutivo comenzó a tildar de separatistas y subversivos, pese a que su demanda no era de independencia. En mayo y junio de 2008 los mismos cuatro departamentos aprobaron estatutos autonómicos con más del 80%, pero no fueron reconocidos por el Ejecutivo. Esto elevó la tensión entre el Gobierno y los líderes de la llamada Media Luna, lo que derivó en que el 10 de agosto de 2008 se realice un referendo revocatorio en el que Morales salió fortalecido con el 67,43% de respaldo, también los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que fueron ratificados.

Nueve días después convocaron a un paro cívico indefinido en sus regiones. Exigían recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que el Gobierno había dispuesto para el pago de la Renta Dignidad. La tensión continuó en ascenso y septiembre de 2008 se convirtió en uno de los meses más violentos de la pulseta. El 9 de septiembre los autonomistas tomaron instalaciones del Gobierno central, el 10 cerraron la válvula de un gasoducto de suministro de gas a Brasil y tomaron instalaciones gasíferas y el 11 murieron 13 campesinos y dos funcionarios de la Prefectura de Pando en un ataque en El Porvenir, por el cual fue acusado y procesado el prefecto Leopolo Fernández.

Luego vino el denominado cerco a Santa Cruz protagonizado por la oficialista Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y liderado por los cocaleros y el dirigente Fidel Surco, quien un año antes había comandado un desfile de gente civil armada en Caranavi y había sido fotografiado en un adiestramiento de campesinos armados junto a ciudadanos peruanos, material que se encuentra publicado en el libro “Maten a Rózsa” del periodista Carlos Valverde. Durante el cerco fueron asesinados el profesor de Portachuelo Pedro López y el unionista de La Guardia Edson Ruiz.

Santa Cruz, cabeza del movimiento autonomista de la Media Luna, era el objetivo de la arremetida oficialista y siete meses después llegó el operativo en el Hotel Las Américas, que ahora se sabe que fue montado y que sirvió para doblegar a la dirigencia cruceña mediante una persecución judicial fundamentada en un presunto caso de terrorismo.

Uno de los testimonios más claros en este sentido lo ofreció Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, cuando presentó su declaración como testigo en el caso que el gobierno de Morales denominó “terrorismo”.

Dijo que el caso fue diseñado política y jurídicamente desde el Gobierno, bajo las directrices de un gabinete jurídico integrado, entre otros, por los ministerios de Transparencia, de Defensa, y de Gobierno y que fue usado de forma emblemática para aniquilar a la Media Luna y aplastar a la dirigencia cívica del oriente boliviano, especialmente a la de Santa Cruz. Explicó que ese gabinete jurídico era el que escogía a los fiscales y jueces para que lleven todos los casos, que además eran considerados de extrema seguridad para el Estado. “El que hizo todo fue el gabinete jurídico, donde estaban Sacha Llorenti, Alfredo Rada, Wilfredo Chávez y Carlos Romero. Todos ellos siguieron con este sainete (pieza teatral) denominado juicio terrorismo”, dijo.

Una de esas autoridades judiciales fue el exfiscal Marcelo Soza, quien ahora, al enterarse del informe de la CIDH, confirmó que el escenario del crimen en el Hotel Las Américas fue montado. “Detecté que hubo un montaje en cuanto al escenario del crimen (…) Me refiero a montaje cuando, ni bien llego a Santa Cruz, se obtienen fotografías y posteriormente en la pericia balística se hace una comparación entre las fotos tomadas en el instante y con otras después del operativo. Ahí detecto irregularidades; por ejemplo, una de las armas había sido colocada ahí y otras en mochilas”, indicó en una entrevista con radio Fides.

Dos de los sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas, el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó, contaron también que no hubo un enfrentamiento como dijeron las autoridades bolivianas (Morales informó de “una balacera de media hora”) sino un ajusticiamiento. Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés, murieron en el asalto. La Policía puso un arma en la habitación de Rózsa después de muerto “para hacer ver que hubo un confrontación”, según Soza.

En el caso de Dwyer, Tadic y Tóásó testificaron que lo capturaron con vida y que lo vieron “desarmado, esposado, desnudo y de rodillas en el aeropuerto de Santa Cruz”, donde al final habría sido ejecutado.

Ya en 2009, después del asalto, el entonces prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, había denunciado que todo el episodio fue un “burdo montaje” gubernamental para descabezar a la dirigencia cruceña. Al final fue eso lo que ocurrió, los líderes cruceños fueron perseguidos por la justicia y el Gobierno con la acusación de haber pretendido dividir Bolivia y la Media Luna quedó neutralizada.

Ahora, tras conocerce el informe de la CIDH, suman los pedidos para enjuiciar a Morales y a otros implicados. La bancada de CC, por ejemplo, prepara un juicio de responsabilidades. “Armaremos un pliego acusatorio contra Morales como cabeza y autor intelectual del operativo”, anunció el diputado José Manuel Ormachea y explicó que el proceso se extenderá contra otros autores.

En su defensa, Morales y sus allegados reflotaron el discurso de que en 2009 impidieron un plan separatista. “Denuncio ante mi pueblo y militancia del MAS-IPSP que operadores del plan negro al ver que fracasó investigación y acusación con cartas falsificadas para proscribir al MAS-IPSP y su dirigencia nacional, ahora tratan de direccionar caso de Terrorismo Separatista en nuestra contra”, escribió el expresidente el pasado lunes.