“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Esta frase atribuida al célebre filósofo, político y pensador Séneca, aunque fue enunciada hace mucho tiempo sigue siendo de notoria actualidad. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no funciona. Al menos no, en cuanto las resoluciones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son muy tardías.
Cierta personalidad ligada a la oposición boliviana, me dijo hace unos meses atrás, que tenía información de un hecho: el gobierno de Luis Arce Catacora extrema esfuerzos para chicanear con la mora procesal desde Washington – sede de la CIDH – y su razonamiento no me parece extraño. Y es que han pasado largos años desde que muchos ciudadanos bolivianos, algunos privados de libertad y otros en el exilio, presentaron denuncias en esta instancia sin ninguna resolución definitiva.
La primera impresión que nos deja cualquier lectura de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), es que los países signatarios se hallan de tal modo compelidos a respetar la dignidad humana, que adhieren la solución de un organismo supranacional que lleve adelante investigaciones y hasta resoluciones contra los Estados que vulneran lo preceptuado en las normas jurídicas.
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La teoría sin embargo dista mucho de la práctica. En efecto, en el caso boliviano, pero también en el de otras latitudes, existen sendas peticiones y denuncias incoadas por ciudadanos y no pocas veces por asociaciones civiles defensoras de los derechos humanos, que caen en saco roto, porque no existe una verdadera justicia. Porque está claro que la justicia tardía evidentemente no puede ser considerada como tal. A personas que se hallan en situación de vulnerabilidad no se les puede exigir que además esperen lustros – y en casos conocidos superen la vida propia – para que sean reparados por las violaciones a sus derechos humanos o logren la libertad.
El caso de Venezuela es un ejemplo claro, pero también el de Nicaragua, Bolivia y otros más. Increíblemente, sin embargo, los Estados de las Américas no han ampliado satisfactoriamente las vacantes de los abogados que trabajan en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y claro está, la pesada labor de sus funcionarios no es suficiente para paliar la mora procesal que es constitutiva, en no pocas oportunidades, de crímenes de los Estados contra las personas.
Imagino que el comisionado Joel Hernández García que visitó Bolivia hace poco, puede responder a esta crítica aludiendo que la mora procesal es sintomatología antigua. Si lo es, ciertamente. Pero demás estaría decirle a él y los otros comisionados que el Pacto de San José de Costa Rica es, muchas veces, un saludo a la bandera.
Tal como reza el poema «En vida, hermano en vida» de Ana María Rabatté, «nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida…».