UNA DE LA ALCALDÍA DE LA PAZ Y OTRA DEL GOBIERNO.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, propone el ‘reemplacamiento’ que hace 25 años no se realiza en el país y ve como único camino posible. El Gobierno, a través del viceministro Johnny Aguilera, asegura que es insuficiente y plantea otras 10 medidas
La Alcaldía paceña propuso un reemplaque nacional para dejar fuera de circulación a alrededor de 500.000 autos chutos o robados que andan por el país con placas falsas o clonadas. El Gobierno, a través del viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, dice que eso es insuficiente, y plantea 10 acciones más agresivas, entre las que se destaca colocar GPS a los vehículos.
En el último tiempo vehículos robados en Chile fueron entregados por el Ejecutivo a sectores sociales, como la vagoneta que en mayo el propio mandatario Luis Arce regaló a la Conamaq o la aparición de vehículos robados que fueron entregados por el Gobierno a diputados, senadores y estos motorizados aparecieron en los garajes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, señaló a este medio que es importante difundir propuesta de reemplacamiento. Dijo que aunque fue presentada el año pasado, hasta el momento no ha recibido una respuesta favorable de las autoridades gubernamentales. “De esta forma evitaríamos más situaciones incómodas con Chile. Es una vergüenza, entran vehículos robados, estamos teniendo conflictos con los hermanos vecinos, considero que esta es la única solución”.
La directora de la Administración Tributaria Municipal, Noemí Lastra, explicó que el costo del reemplacamiento está calculado en Bs 344 para vehículos de cuatro ruedas y Bs 172 para motocicletas. “Incluso, se podría lograr un precio menor”.
El último reemplacamiento fue ejecutado hace 25 años, según la funcionaria, y solamente se requirió de un decreto supremo para realizarlo, por lo que con esa experiencia no sería necesario buscar consenso en el Parlamento.
El 79% del parque automotor se encuentra concentrado en el eje central del país: Santa Cruz (35%), La Paz (23 %) y Cochabamba (21%). Después se encuentran los departamentos de Tarija (6%), Oruro (5%), Chuquisaca (4%), Potosí (3%), Beni (2%) y Pando (1%).
Lastra reseñó que el último reemplacamiento se hizo en 1998, pero “actualmente es incontrolable la clonación de placas y la falsificación de otros documentos, como el CRPVA, B-SISA y Soat. Tan grave es este problema, que en grupos de redes sociales se ofrecen en combo. La falta de medidas de seguridad coadyuva al contrabando y robo de vehículos, porque éstos se mimetizan con vehículos legalmente registrados”.
Por eso la Alcaldía de La Paz propone el remplaque nacional del parque automotor empadronado en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT).
Por su lado, el viceministro Jhonny Aguilera, quien fue comandante nacional de la Policía, aseguró que se deben asumir 10 medidas concretas, que van más allá del reemplacamiento que, en su criterio, resultaría insuficiente.
Para él, primero se debe crear un sistemas de registro y seguimiento de los vehículos. De forma complementaria hay que llevar un control actualizado y riguroso de los propietarios y cambios de propiedad. Además, se puede considerar la instalación de dispositivos de seguimiento GPS en vehículos para facilitar la recuperación en caso de robo.
Segundo, fortalecer las inspecciones en las fronteras y aduanas para detectar vehículos de contrabando. Emplear tecnologías, como escáneres de rayos X y perros entrenados para mejorar la eficiencia de las revisiones. Fomentar la cooperación entre países para compartir información sobre vehículos robados y de contrabando, lo que facilitará su localización y recuperación.
Planteó el uso de tecnología avanzada para verificar la autenticidad de los vehículos, como reconocimiento de matrículas, para detectar posibles vehículos robados o falsificados.
Establecer sistemas de alerta temprana para notificar a las autoridades sobre vehículos robados o sospechosos en tiempo real.
Leyes y penas más estrictas y severas contra el robo y tráfico de vehículos, lo que disuadirá a posibles delincuentes.
Educación y concienciación, una base de datos centralizada, la colaboración público-privada entre entidades gubernamentales y el sector privado, como aseguradoras y fabricantes de vehículos, para compartir información relevante y mejorar la detección de actividades ilegales. Finalmente, la vigilancia y patrullaje, reforzar la presencia policial en áreas de alto riesgo.
El proyecto de la Alcaldía señala, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que el parque automotor vehicular al 31 de diciembre de 2021 era de 2.226.662 motorizados y contempla a automóviles motos, y maquinaria pesada, con un crecimiento anual del 5%.
En abril de 2022 los propietarios de autos indocumentados, coloquialmente llamados vehículos “chutos”, impulsaron un nuevo proyecto de ley para regularizar sus motorizados. En esa ocasión lo hicieron en conjunto con el diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca, quien expuso la propuesta que consistía en modificaciones a la normativa de importación y tributos.
“No es que tenemos cientos de miles de delincuentes, sino que tenemos leyes mal concebidas, mal planteadas, que le están haciendo daño a la sociedad y, por eso, aquí hay una propuesta de solución”, afirmó el diputado Roca.
El legislador dijo que hay 500.000 vehículos indocumentados en el país, particularmente en las provincias. Señaló que estos propietarios deben comprar el combustible en el “mercado negro” generando la corrupción en la venta.
Su propuesta consistía en levantar las restricciones a la importación de vehículos usados basadas en la de fabricación y solo mantener las restricciones técnicas, ambientales y legales. Sin embargo, fue duramente criticada por el MAS, y al final no prosperó.
La directora Lastra señaló que esos 500.000 motorizados le hacen “un enorme daño a la recaudación tributaria municipal, porque obviamente no pagan un centavo. Haciendo un cálculo, ajustado a la tarifa mínima del impuesto anual, sólo las alcaldías del eje central del país estamos perdiendo por lo menos Bs 132 millones”.
Elementos de seguridad
Los elementos de seguridad disponibles en el mercado internacional en materia de placas, ofrecen elementos de seguridad que dificultan al máximo imitarlas, manipularlas “y falsificarlas es prácticamente imposible”, dijo la directora de la Alcaldía.
La propuesta de la comuna paceña contempla placas “físicas”, delanteras y traseras, con elementos de seguridad visibles y otros invisibles a simple vista, y detectables sólo con el uso de dispositivos específicos. Además, una tercera placa, una etiqueta inteligente que contiene un microchip de doble frecuencia, de última generación.
La innovación más importante sería la denominada “tercera placa” con el microchip. Este permite identificar electrónicamente a vehículos in situ, mediante el uso de teléfonos inteligentes, o dispositivos similares tipo tablet, a través de una aplicación de uso aprobado por autoridad competente.
Posibilitaría también el acceso a la información de los vehículos por distintos usuarios y con diferentes niveles de información para autoridades de nivel nacional y subnacional, según sus competencias; representantes de organizaciones sociales y gremiales para el seguimiento y control del servicio público.
Propietarios de vehículos automotores, para la obtención de información sobre su situación tributaria. También permite a los usuarios de servicio de transporte público que el uso sea confiable y seguro.
Por su parte, el microchip permite identificar electrónicamente vehículos en movimiento mediante lectores especializados portátiles y estructurales, como antenas. Posibilita la trazabilidad de los automotores, ante la ubicación del vehículo en tiempo real.
Además, el proyecto indica que su uso tiene el objetivo de conformar la base de futuros servicios que se podrían prestar, como los parquímetros, gestión de peajes, control de tráfico (asociado a semáforos inteligentes), control de tramos y de horarios del transporte público, control de fronteras, cargado de combustible, entre otros.
La propuesta de la Alcaldía paceña tiene como foco una proyección nacional, en ningún caso local. Resalta que el país tiene un retraso de 25 años en la aplicación de tecnologías de control vehicular, “aspecto que repercute en la seguridad de todos los bolivianos”, señaló la funcionaria Lastra.
La tercera placa tiene medidas de seguridad para que en caso de que el vehículo sea robado los delincuentes no tengan opción de destruir el dispositivo. “La palabra final la tiene el Gobierno, esperemos que se tome en cuenta”, dijo.