Identifican que no hay inclusión de mujeres en Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Pando.
eju.tv
Al menos cuatro departamentos no cuentan con postulantes mujeres e indígenas habilitados para la elección de magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la etapa de preselección de candidatos para las elecciones judiciales 2024, señala el reporte de la Comisión de Veeduría de la Defensoría del Pueblo, que hace seguimiento al proceso que lleva adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Las listas de candidatas y candidatos habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional, no cuentan con la inclusión de mujeres en los departamentos de Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Pando. De la misma forma, tampoco cuentan con personas que se autoidentifiquen como indígenas, esto sucede en Beni, Santa Cruz, Tarija y Pando”, señala el informe preliminar.
En el mismo sintetiza varios aspectos operativos y resultados de las primeras cinco etapas, como es: la convocatoria pública, la presentación-recepción de postulaciones, la verificación de requisitos habilitantes generales-específicos y la publicación de postulantes habilitados e impugnaciones, que están en proceso de resolución.
En un pronunciamiento anterior, la Defensoría del Pueblo advirtió que en este contexto, los asambleístas se verían obligados a aplicar el artículo 37, de la Ley 1549, que específicamente en las últimas etapas del proceso y en consecuencia, habilitar a postulantes indígena originario campesino o mujeres que tengan la siguiente mejor calificación de los postulantes a nivel nacional.
Lo que puede ocasionar que algunos candidatos y candidatas mujeres e indígenas, ingresen al proceso electoral en desventaja ante el electorado de otra región distinta a la que se postularon.
Con el fin de mejorar la calidad del proceso de preselección para autoridades judiciales, la institución defensorial recomienda a las comisiones mixtas de constitución y de justicia plural de la ALP, que en la etapa de evaluación y calificación de méritos, acuerden previamente los criterios específicos y uniformes que se utilizarán para la evaluación de los documentos de respaldo a ser utilizados para la calificación de la experiencia profesional y producción intelectual de las y los postulantes.