Solo este argumento evidencia que cualquier incremento salarial es insostenible para el sector constructor, que viene encarando graves problemas de iliquidez por una diversidad de factores
Fuente: Cadecocruz
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) se refirió, a través de un pronunciamiento respecto al incremento salarial anunciado por el presidente Luis Arce, De acuerdo al sector, las empresas constructoras de Bolivia, están realizando esfuerzos extraordinarios para seguir trabajando, encarando una coyuntura económica y social muy dura y persistente los últimos años, que se agrava con el incremento salarial determinado por el Gobierno Central para el 2024, del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al haber básico.
Agrega que el análisis de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz y su Centro de Estudios Económicos y Desarrollo, muestra que un incremento del salario mínimo y básico se multiplica exponencialmente y llega al 41,7%, considerando que también suben los porcentajes de las obligaciones sociales como aportes a la Caja de Salud, Gestora, Subsidio Pre Natal y Post Natal, Provisión de Aguinaldo y de Indemnización, Bono de antigüedad, entre otras.
Solo este argumento evidencia que cualquier incremento salarial es insostenible para el sector constructor, que viene encarando graves problemas de iliquidez por una diversidad de factores entre los que se destacan: la escasez de divisas que a su vez ha generado el incremento hasta del 30% en los precios de insumos y materiales; las deudas acumuladas por las entidades públicas por concepto de planillas de avance de obra; la baja inversión pública en infraestructura del Gobierno Central, Gobernaciones y Alcaldías y una ejecución presupuestaria que en promedio bordea el 50%.
La adjudicación de obras a empresas extranjeras, con los problemas que esto genera, desde incumplimiento de contratos, hasta pérdidas económicas para el Estado, daños a las constructoras bolivianas y a los trabajadores, es otro problema que amenaza la sostenibilidad de las empresas bolivianas y que ya ha provocado el cierre o quiebre de varias.
La construcción no está creciendo, al contrario, los últimos dos años los indicadores reflejan una tendencia a la baja que se prevé continuará el 2024 y 2025, considerando que ya se vive un clima electoral prematuro que afecta a todos los niveles de la gestión pública y genera incertidumbre en el ámbito privado.
El sector público que ya enfrenta dificultades para financiar su pesado presupuesto, será igualmente afectado con el incremento salarial por el aumento de los gastos operativos.
Sin embargo de ser el empleador y del convenio vigente con la OIT que establece las negociaciones tripartitas, el sector privado del país ha sido sistemáticamente marginado de las negociaciones entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana. Es así que las determinaciones no se basan en criterios técnicos y económicos que equilibren las necesidades de los trabajadores, la realidad del país, la estabilidad de las empresas y el sostenimiento del empleo digno.
Los constructores no estamos en condiciones de asumir el aumento salarial que no corresponde a la realidad del país, y que ratificamos, debería ser el resultado de un análisis tripartito, técnico, separado de cálculos políticos y por sectores para evitar daños irreversibles, como mayor desempleo, informalidad y el cierre de empresas.