Hay una coordinación entre los cuerpos policiales de las dictaduras para la persecución de disidentes en el exilio, que puede llegar hasta a los asesinatos, señaló el informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado
El opositor nicaragüense ha sufrido dos atentados en la calles de Costa Rica. ha sobrevivido con heridas graves.
Fuente: infobae.com
El informe sobre prácticas de derechos humanos en los países durante el año 2023, presentado esta semana por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, destaca la “represión transnacional, contra individuos ubicados en otro país” que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha ejecutado para perseguir opositores más allá de sus fronteras.
“El tema de represión transnacional está tornándose relevante a la luz de algunos acontecimientos que levantan muchísimas sospechas, siendo el principal el atentado contra Joao Maldonado, en Costa Rica”, expresa Juan Sebastián Chamorro, líder opositor nicaragüense en el exilio.
Chamorro, que fue preso político de Ortega por cerca de dos años y desterrado de Nicaragua en febrero de 2023, afirma que “hay evidencias de actividades sospechosas de vigilancia a líderes y activistas, particularmente activistas de derechos humanos en Costa Rica”.
El 10 de enero pasado, sicarios que se movilizaban en motos dispararon contra los opositores nicaragüenses Joao Maldonado y su pareja, Nadia Robleto, en una concurrida calle de San José, la capital de Costa Rica. Ambos recibieron múltiples balazos y fueron trasladados en estado crítico al Hospital Calderón Guardia de esa ciudad.
Maldonado es un reconocido opositor nicaragüense y se exilió desde julio de 2018 en Costa Rica. Este el segundo atentado que recibe. En septiembre de 2021 dos hombres dispararon también desde una moto e hirieron a Maldonado, cuando se movilizaba por el sector de Escazú, al oeste de San José.
En su reporte de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos manifiesta que “exiliados en Costa Rica y otros lugares denunciaron acoso y opresión política por parte de simpatizantes parapoliciales y del FSLN (sandinistas) que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados, así como por funcionarios de inteligencia dentro de la embajada de Nicaragua en Costa Rica”.
Para el opositor Chamorro resulta sospechoso el numeroso personal que tiene la embajada de Nicaragua en Costa Rica. “La gran cantidad de personas que están ahí bajo el amparo diplomático y que no se corresponde a los trabajos normales de sección consular y de embajada de un país. En otras palabras, hay sospechas de que muchos de los que están ahí, en esa embajada, sean parte de cuerpos de vigilancia y seguimiento. Eso no lo podemos comprobar, evidentemente, pero se está hablando de eso”, dice.
El informe estadounidense señala que el régimen de Ortega usa “amenazas, acoso, vigilancia y coerción” contra familiares de opositores como otro método de represión transnacional. “Familiares de miembros de la oposición en el exilio fueron vigilados, acosados, detenidos y condenados injustamente como parte de los intentos del gobierno de obligar a los miembros de la oposición exiliados a regresar al país y enfrentar arresto”, registra el documento.
El opositor nicaragüense Douglas Gamaliel Pérez Centeno fue capturado en Costa Rica y entregado a los autoridades nicaragüenses, luego de una orden de captura internacional emitida desde Nicaragua. (Foto 19 Digital)
El régimen nicaragüense estaría usando las “notas rojas” de Interpol para perseguir a opositores.
El 31 de octubre de 2022 fue detenido en Costa Rica el opositor nicaragüense Douglas Gamaliel Pérez Centeno, alias “Relámpago”, de 44 años, después que se emitiera desde Nicaragua una orden internacional de captura. El 16 de febrero de este año, después de infructuosos esfuerzos legales para detener la extradición, Pérez Centeno fue entregado por Costa Rica al régimen de Ortega.
“Hubo informes creíbles de que el régimen intentó hacer un uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticamente motivados como represalia contra personas que considera oposición, incluido el clero que se exilia”, señala el reporte del Departamento de Estado.
El control de la movilidad también se ha convertido en una práctica para reprimir opositores. “Hubo informes creíbles que las autoridades intentaron controlar la movilidad para tomar represalias contra ciudadanos en el extranjero negándoles servicios consulares. Las autoridades de inmigración dentro del país y a través de oficinas consulares en el extranjero negaron el acceso a pasaportes a supuestos opositores políticos y a sus familiares, impidiéndoles viajar a un tercer país”.
“Además, el gobierno –utilizando principalmente notificaciones por correo electrónico enviadas por las aerolíneas– negó la entrada a más de 40 ciudadanos que intentaban regresar al país”, añade.
La líder indígena nicaragüense Anexa Alfred Cunningham, es una de las desterradas. Una notificación de la línea aérea le comunicó en julio de 2022 que no estaba autorizada para ingresar a su país. “El primer sentimiento que uno tiene es como cuando un árbol es arrancado de la tierra. Esa conexión que tenés con tu país, con tu tierra, con las comunidades”, declaró a la Voz de América.
Alfred Cunningham fue invitada recientemente al Consejo de Naciones Unidas, en Ginebra, donde Estados Unidos promovió una discusión sobre la represión transnacional, “un tema que se está volviendo relevante en Nicaragua”, dice Juan Sebastián Chamorro.
Chamorro afirma que hay una coordinación entre países autoritarios para la persecución internacional de opositores. “Es parte de la técnica de represión transnacional que vienen implementando, particularmente Rusia, pero también Irán desde hace ya muchos años, y es el atentado y persecución de disidentes y opositores en el exilio. Inclusive el asesinato”.
“Básicamente es un método en el cual utilizan células de investigación y vigilancia para perpetrar esta intimidación o, incluso, no se debería descartar, pueden llegar al atentado o las desapariciones, como lo hicieron en Chile con el exiliado venezolano Ronald Ojeda”, señaló.
El régimen de Daniel Ortega reaccionó este martes al reporte estadounidense sobre prácticas de derechos humanos, a través de Rosario Murillo, esposa del dictador y vocera de gobierno. “Respondemos a su lista de calumnias, difamaciones e infamias, adjudicándoselas a ellos mismos, provocadores, agresores, invasores y directores de coros y orquestas conformadas por su servidumbre local. Los denunciamos nuevamente como los más bárbaros y salvajes violadores de todos los Derechos Humanos”, expresó Murillo.
“Desconocemos absolutamente esta atribución que el imperio norteamericano se autoconcede, y reiteramos nuestras justas acusaciones y denuncias sobre los gobiernos colonialistas y neocolonialistas de los Estados Unidos, por todos los crímenes cometidos contra Nicaragua en distintos momentos de nuestra historia”, añadió.