“Hay una probabilidad de autoría que el Ministerio Público en su momento va a tener que razonar y en su caso imputar”, dijo Gary Prado, abogado de la parte acusadora en el proceso para investigar ejecuciones extrajudiciales y violaciones a DDHH
Fuente: Unitel
En octubre del 2022 se conoció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció graves violaciones a los derechos humanos en el caso del Hotel Las Américas durante el gobierno de Evo Morales. Una de las recomendaciones para Bolivia fue abrir un proceso por ejecuciones y torturas.
Ahora, a 15 años del asalto al Hotel Las Américas -ocurrido en abril de 2009– está en marcha un proceso en Bolivia para investigar ejecuciones extrajudiciales y violaciones a DDHH.
Ante ello, Gary Prado, que pasó de ser abogado defensor de los acusados a ser abogado de los acusadores, dijo que si la Fiscalía quiere obrar bien, tiene un curso de acción para realizar sus investigaciones y en su momento citar a declarar a Evo Morales, a Álvaro García Linera, expresidente y exvicepresidente del Estado boliviano que, de acuerdo a registros videográficos, tuvieron pleno conocimiento previo del operativo que se iba a dar en el Hotel Las Américas.
“No hay en ninguna parte de la Constitución el derecho de un Presidente a ordenar que se mate gente. Eso no existe. Tampoco el Presidente puede ordenar allanamientos ilegales. Los únicos que pueden ordenar allanamientos en Bolivia son los jueces. No existía flagrancia para que la Policía hubiera actuado sin la presencia de un fiscal”, dijo Prado en entrevista con La Revista de UNITEL.
Para Evo Morales, este proceso es parte de un plan del actual Gobierno en su contra, incluso ha desafiado a que lo metan preso.
Al respecto, Prado considera que el líder del MAS está utilizando políticamente el inicio de una investigación, porque él tiene una disputa con el presidente Luis Arce.
En su criterio, hay que separar esta disputa de los hechos concretos porque “aquí no se está juzgando si él defendió o no la integridad de la patria, que es su discurso. Aquí se está juzgando o investigando, y se juzgará luego, las violaciones a derechos humanos”.
“Está claro que el presidente quiere escudarse en la política para no asumir una responsabilidad penal que podría tener, esto se establecerá en el juicio. Mientras tanto, hay que presumir que es inocente”, dijo.
El abogado añadió que pese a esto, hay elementos que sí se pueden considerar como incriminatorios, “como la propia declaración que hizo durante su visita a Cumaná, Venezuela, el 16 de abril, donde dijo que dejó instrucciones precisas al Vicepresidente, al comandante de la Policía, para realizar el operativo” por lo que “entonces, hay una probabilidad de autoría que el Ministerio Público en su momento va a tener que razonar y en su caso imputar”.
La declaración de Morales en Venezuela
“Ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente, al comandante de la Policía, a hacer un operativo para detener a estos mercenarios y esta madrugada me informan que ha habido una balacera de media hora en Santa Cruz, donde han caído tres extranjeros, dos detenidos”. Con esas palabras, el entonces presidente Morales confirmaba desde Venezuela que conocía del operativo y que él fue quien instruyó su ejecución (Ver video).
En principio, Morales señalaba que los extranjeros tenían la instrucción de matarlo a él, al vicepresidente Álvaro García Linera y a uno de sus ministros. “Son irlandeses, húngaros y algunos bolivianos”, señaló Morales.
Para el abogado Prado, “lo único que le pediría al Gobierno es que no meta las manos, que no interfiera, que deje que los jueces y fiscales actúen para que se haga un proceso justo, donde los encauzados tengan derecho a defenderse y donde los acusadores o las víctimas tengan derecho a seguir con su acusación”.