El plazo para que la CIDH se pronuncie respecto a la posibilidad de un juicio en la Corte Interamericana vence el 26 de abril. La Procuraduría presentó varios alegatos para evitar que el país llegue a litigar en esa instancia.
Fuente: eldeber.com.bo
La Fiscalía rechazó en agosto de 2020 la investigación contra los responsables del asalto al hotel Las Américas (2009). Sucedió cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) estaba temporalmente alejado del poder y seis meses después de que el caso ‘Terrorismo’ fuera cerrado.
El defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, tomó conocimiento de esos obrados y le recordó al Ministerio Público que el delito de “tortura”, que pesa contra los que resultaren responsables de esos hechos, “es imprescriptible”. Además, sostuvo que esos cargos se persiguen “de oficio”.
Estos recordatorios están inscritos en un recurso de apersonamiento del 23 de diciembre de 2023 al que accedió EL DEBER y con el cual Callizaya demandó que las investigaciones sean retomadas. La Fiscalía retomó el caso, pero pidió plazos adicionales ante conminatoria del juez.
La causa fue motivada por el ciudadano boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, quienes se adhirieron a la querella que planteó la familia del irlandés Michael Dwyer, este último ejecutado junto a Eduardo Rósza y Arpad Magyarosi, durante el asalto al hotel Las Américas.
Según la relación de los hechos que expuso la Defensoría, esta operación policial se pudo haber producido mientras este grupo de extranjeros dormía en el hotel. La postura coincide con el “informe de fondo” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante ello, recomendó investigar a los responsables de estas vulneraciones a los derechos humanos, así como indemnizar a las víctimas. De no hacerlo, el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
¿El Estado puede enfrentar otro juicio ante la Corte IDH?
El procurador César Siles informó este martes a EL DEBER que el próximo 26 de abril se debe producir ese dictamen, pero anticipó que se pidió a ese organismo “agrupar” las causas —que suman siete en total— de todos los afectados y un tiempo adicional para cumplir las recomendaciones.
La CIDH estableció en 2021 que hubo una “ejecución extrajudicial y torturas” en esa operación policial que fue reivindicada por el propio Evo Morales como una acción para anular a “mercenarios” que llegaron al país con la intención de dividirlo.
“Estos antecedentes se adecuan al delito de vejación y torturas provistos en el artículo 295 del Código Penal, delito perseguible de oficio por el Ministerio Público, de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 del Código de Procedimiento Penal” señala el escrito de Callizaya.
Respecto a la primera decisión de la Fiscalía que marcó el rechazo en favor de las investigaciones, el Defensor del Pueblo señaló que no “hubo una debida fundamentación” y que la Fiscalía estaba “incumpliendo garantías constitucionales”.
Callisaya consideró que, al no iniciar las investigaciones sobre este caso, el Ministerio Público actuó con “falta de objetividad e inobservancia de jurisprudencia y normativa para la investigación, puesto que el delito de tortura es imprescriptible y su investigación es una obligación imperativa para el Estado con abundante jurisprudencia internacional”.
Sobre esta jurisprudencia, el defensor señaló que la Corte IDH estableció en sentencias vinculadas con estos delitos que “existe la obligación estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido tortura”.
¿Qué hizo la Procuraduría?
Gary Prado, el abogado que lleva adelante este caso por parte de las víctimas, el martes lamentó que el Ministerio Público no haya incorporado la figura de la “ejecución extrajudicial” y haya aplicado delitos de menor gravedad en cuanto a la vulneración de derechos humanos.
Ante estos recursos, a los que se sumaron requerimientos de la Procuraduría, la Fiscalía pidió al juzgado sexto de Instrucción en lo Penal, Manuel Baptista, ampliación de plazos. El más reciente venció el martes y aún se espera si abrirá una imputación por este caso.
El procurador Siles aclaró que en este momento el caso no está personalizado. En ese contexto, consideró que las recientes declaraciones de Evo Morales no estaban con este asidero legal.
El 19 de octubre de 2023 la Procuraduría, mediante memorial, pidió informes sobre el desarrollo de las investigaciones por la denuncia de torturas y vejaciones en el asalto al hotel Las Américas.
En su parte fundamental la Procuraduría General del Estado, señala que en reiteradas oportunidades solicitó al Ministerio Público, el cumplimiento de la recomendación sin que a la fecha se cuente con avances sustanciales en la investigación del caso Nurej 70264743, iniciado por la fiscalía contra los autores y radicado en el juzgado sexto del juez Manuel baptista.
El juez Baptista elevó los informes haciendo conocer a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría del estado haciendo conocer las diligencias de la Fiscalía en la denuncia de torturas y vejaciones del denominado caso el asalto al hotel Las Américas.