Un estadounidense detenido expuso una trama de explotación infantil con raíces en la ciudad Medellín. La capital antioqueña libra una batalla contra la normalización del turismo sexual que explota a menores de edad.
La policía detiene a una joven menor de edad por incumplir la restricción de paso en el parque Lleras en Medellín, Colombia, el viernes 2 de febrero de 2024. La Alcaldía impide a menores de edad entrar a esa zona en un intento por eliminar la explotación sexual. (AP Foto/Fernando Vergara)
Fuente: Infobae
El 19 de abril, Stefan Andrés Correa se preparaba para abordar un vuelo desde Miami hasta Bogotá (Colombia), con destino final a Medellín. Sin embargo, el estadounidense, de 42 años, fue capturado por las autoridades acusado de tráfico sexual de menores. De acuerdo con las investigaciones, pretendía viajar a la ciudad colombiana donde mantendría encuentros sexuales con niñas de entre los 10 y 12 años.
Correa, que viajó 45 veces a Colombia entre 2022 y 2023, negociaba directamente con las redes de trata y explotación. Pedía “niñas pequeñas y delgadas”, y ofrecía 75 dólares al proxeneta y un iPhone 7 u 8 para una niña de 11 años, a cambio de abusar sexualmente de ella.
Además, en uno de los teléfonos incautados al estadounidense había grabaciones en las que mantenía relaciones con una niña de entre 12 y 14 años, y con otra aún más pequeña, de 9 a 11 años.
Correa, quien es farmacéutico de profesión, en los chats hallados por las autoridades había acordado el pago por los servicios sexuales y envío comprobantes de estos. Las niñas le serían llevadas a su lugar de hospedaje en Medellín.
“Acordó con el presunto traficante sexual reunirse con las víctimas menores de edad una vez que llegara a Colombia”, señalaron las autoridades.
Según reveló el coronel Edwin Urrego Pedraza, jefe de la Policía Criminal colombiana, Correa habría utilizado los servicios de una red delictiva en Medellín que le “suministraba” las menores.
Esta misma red criminal habría ofrecido menores a Timothy Alan Livingston, quien fue hallado el 28 de marzo en un hotel de la capital antioqueña, en compañía de dos niñas de 12 y 13 años. El turista estadounidense de 36 años, oriundo de Fort Lauderdale, fue liberado y logró huir del país, generando cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el procedimiento.
ARCHIVO – Vehículos circulan frente a la entrada del Aeropuerto Internacional de Miami, el martes 12 de mayo de 2020. (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)
Estos casos, al igual que otros similares ocurridos en Medellín, revelan la incapacidad —e incluso la complicidad— de las autoridades colombianas para combatir la trata de personas y el abuso sexual infantil.
“Ya fue ubicado, se encuentra en Ohio y estamos intercambiando información con la agencia HSI del gobierno estadounidense”, señaló Urrego Pedraza sobre el caso de Livingston. De corroborarse los hechos, ambos turistas podrían enfrentar severas penas de entre 15 años a cadena perpetua por los delitos de tráfico sexual infantil.
Urrego señala que Correa y Livingston no se conocían. No obstante, los dos estadounidenses abusaron de las mismas menores en diferentes ocasiones.
“A raíz de lo que pasó con el ciudadano estadounidense que se encontraba con dos menores en un hotel en El Poblado (Medellín), se logró detectar a otra persona que también ingresaba a Colombia y también abusaba y violaba menores de edad”, dijo Urrego a medios colombianos.
“Esta investigación sobre Stefan Correa se inicia cuando estábamos desplazándonos con las menores y allí aparece otra menor manifestando lo que acontecía con este individuo (…) Tenemos un grupo investigativo que trabaja de manera articulada con agencias de los Estados Unidos y empezamos a intercambiar información, es así como se logra detectar saliendo de Miami. Cuando se revisa su celular tenía videos explícitos de menores de edad”, agregó el jefe de la Policía Criminal colombiana.
Qué dicen los activistas de la ciudad
Sara Jaramillo Gómez, integrante de la veeduría contra la trata de personas en Medellín, explica el contexto de la explotación sexual de niñas y adultas en la capital de Antioquia, situación que se ha agudizado en los últimos años. Esto, en parte, tiene que ver con nuevas dinámicas como el aumento del turismo y el hecho de que la ciudad se haya convertido en uno de los destinos predilectos en América Latina para los nómadas digitales.
“No solamente están la redes de trata, sino que también hay una normalización de la explotación sexual. Es una ciudad donde ser niña de una comuna popular, ser niña nacida en un barrio pobre, de una familia de bajos recursos, implica una vulnerabilidad tremendas y básicamente el abanico de oportunidades que abre en esta ciudad es la explotación sexual. Entonces es es muy complejo. No son niñas abusadas por extranjeros, son niñas explotadas sexualmente por extranjeros”, dijo Jaramillo Gómez en diálogo con Infobae.
Timothy Alan Livingston fue encontrado en el hotel Gotham City con dos menores – crédito X
La activista colombia señala que el gran desafío que enfrenta Medellín es revertir años de normalización y abandono estatal que permitieron que la explotación sexual se convirtiera en un lucrativo negocio plagado de bandas criminales y redes de proxenetas al margen de la ley. Erradicar esta realidad enquistada en la ciudad requiere abordar sus raíces más profundas: la falta de oportunidades, la inequidad y la degradación de los valores sociales que llevan a muchos a ver la mercantilización del cuerpo humano como algo habitual.
“Esta es una problemática con unas dimensiones y unos temas sociales que tienen la cara, insisto, de las mujeres más precarizadas de la sociedad y del que se están lucrando en su mayoría bandas criminales y personas que cometen los delitos de proxenetismo. Estas mujeres las contactan por WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp literalmente donde están metidas todas estas niñas y el proxeneta pregunta disponibilidades y ahí aparecen todas”, agregó Jaramillo Gómez.
La cruda realidad se exhibe a plena luz en sector de los bajos de la estación Prado” y la llamada calle del Pescado, donde se calcula que unas 300 menores de edad son forzadas a la prostitución, víctimas de explotación sexual.
Esta es la cara más descarnada de una problemática que ha superado a las autoridades y a la sociedad misma. Complejas redes delincuenciales controlan este lucrativo negocio que deja a las menores en un estado de altísima vulnerabilidad. Abordar un fenómeno tan enquistado y ramificado representa un desafío mayúsculo, pero ineludible. Jaramillo Gómez señala que la permisividad, la inequidad y la descomposición del tejido social han permitido que la mercantilización de los cuerpos infantiles se normalice en las calles de Medellín.
Para Tyler Schwab, representante de la ONG Libertas International, dijo a Infobae que lamentable es probable que más casos como los de Correa aparezcan.
Las autoridades tendrían que preguntarse: ¿por qué visitan en un año tantas veces Colombia? Tendrían que justificar esas visitas. El caso de Correa me recuerda al de químico estadounidense Richard Opalinski, que también abusó de menores y visitó Colombia 65 veces”, dijo Schwab a Infobae.
Según datos del Observatorio de Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos relacionados con la explotación sexual de menores en la ciudad. Una cifra alarmante que refleja la magnitud del problema.