Los conceptos de respeto y admiración hacia las autoridades judiciales y el valor de “justicia” se esfumaron con los años al conocer de cerca las prácticas “corrosivas y abusivas” de quienes dicen representar los intereses de la sociedad y defender el “imperio de la ley”.
Fuente: ANF
Escuchar de boca de los funcionarios de la Fiscalía decir que esa institución es reconocida como una “con mayor prestigio” es una aseveración que desata carcajadas entre algunos litigantes, como aquellos que tuvieron que trajinar por años los peldaños y pisos del edificio del Tribunal Departamental de Justicia y del Ministerio Público de La Paz.
Los conceptos de respeto y admiración hacia las autoridades judiciales y el valor de “justicia” se esfumaron con los años al conocer de cerca las prácticas “corrosivas y abusivas” de quienes dicen representar los intereses de la sociedad y defender el “imperio de la ley”. Ahora los sentimientos de los litigantes son de rabia, miedo, impotencia y desprecio hacia el sistema de justicia y sus funcionarios.
La justicia boliviana sigue siendo crónicamente corrupta y al servicio de cualquier partido político que llega al gobierno, como lo confirman los diversos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instituciones internacionales.
“Para mí ir por el juzgado fue algo feo, tortuoso, me trae muy malos recuerdos, muy mala energía, muy mala vibra”, dice Sofía, que caminó por cinco años los pasillos judiciales en busca de justicia para un familiar, así como lo hacen miles de personas cada día.
El aire se siente “enrarecido y tóxico”, donde la desesperanza y el temor son sus principales componentes. Los edificios cada día se atiborran de litigantes de la ciudad y del área rural, hombres y mujeres, cada uno con su cruz a cuestas. El dinero, si lo tienen, aunque no dura, permite agilizar los trámites: 10, 20, 30, 50 bolivianos cada vez, no hay billetera que aguante, pero siempre con la certeza de que “recibirás maltrato”.
“Ir por un memorial u obtener respuesta de algún memorial o a las audiencias que se suspendían una y otra y otra y otra vez, ha sido una sensación horrible, agobiante, de mucho pesar, son momentos que no quiero ni recordar, pero por amor a mi familiar tuve que hacerlo”, refiere Sofía.
Dice que, pese a estar pasando un mal momento, que es lo que significa afrontar un proceso judicial, siempre encontraba trabas en los juzgados, los funcionarios no facilitaban nada, “tienes que rogarles como a Dioses”.
“Definitivamente, pedir un memorial, un sello o que nos den información ha sido muy humillante, porque no te atienden y si lo hacen, es de muy mala gana, son muy pocos los funcionarios que te atienden como a un ser humano”, refiere.
Horas y horas esperando respuesta, día tras día escuchando “vuelva mañana”, funcionarios impacientes y de caras hostiles, siempre de mal humor. Sofía tuvo que dejar su trabajo. Ninguna empresa permite tantos consentimientos de salida para ir a una audiencia que nunca inicia, que cada vez se posterga.
El Protocolo de Atención al Usuario del Tribunal Supremo de Justicia sobre los atributos de las oficinas del órgano judicial, señala que éstas deben ser: confiables, amables, efectivas, oportunas, transparentes, uso de lenguaje sencillo, empatía, tolerancia, un rosario de palabras bondadosas ausentes para los litigantes.
Lo que recuerda Sofía con mayor dolor es que tuvo que involucrar a su pequeña hija, de meses de nacida, en todo este proceso al no tener con quién dejarla.
“Me tocó lidiar con todo, he sufrido mucho esos días, he llorado bastante, he sacrificado a mi hija menor, a mi bebé, es más, ni ella quería entrar al juzgado por esa vibra mala que hay ahí, esa mala energía”, repuso.
Recuerda que ya con dos años, la niña se daba cuenta del lugar a donde llegaba y como presintiendo “no quería entrar para nada al juzgado, de la puerta me jalaba, no quería entrar, yo peor, pero había que hacerlo”.
El Fiscal General del Estado Juan Lanchipa en enero de este año, en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2023, aseveró que el Ministerio Público “refleja un clima ético fortaleciendo la confianza de la sociedad en nuestra institución y demuestra un compromiso con la integridad, la transparencia y el servicio responsable constituyéndose en una institución creíble que promueve la identificación y prevención de conductas no éticas”.
Una declaración que reciben Celia, Adelio y Juan con ironía y sorpresa. Para ellos el Ministerio Público y todo el sistema judicial solo son sinónimo de vejaciones y maltrato, con impunidad para “comerciar y sacar provecho” de su padecer y angustia.
“Siento impotencia, asco por la ineptitud de los fiscales y jueces, no confío en la justicia boliviana”, remarca Juan, sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en un proceso con implicancias políticas.
Dice que sus declaraciones nunca fueron tomadas en cuenta, pese a que decía la verdad, no valían nada para los funcionarios de justicia que ya tenían la directriz de sentenciarlo. Más aún si no pagaba, como le sugirió el secretario del juzgado que llevó su caso.
“El secretario del Tribunal vino al penal a cobrarme 40 mil dólares el domingo 16 de diciembre de 2020, como no le he dado la plata me dijo, ‘entonces te van a sentenciar no más’, y así fue”, recuerda.
Juan fue sometido a tortura por la policía, en presencia de fiscales, para arrancarle una declaración incriminatoria, denunció este hecho, pero las autoridades nunca lo tomaron en cuenta. Una pericia forense ratificó la tortura. En más de 1.000 casos recibidos por la Defensoría del Pueblo por casos de tortura, ninguno llegó a sentencia. La tortura es invisibilizada y parte de la administración de justicia, como lo señaló el Instituto contra la Tortura (ITEI), con más de 20 años de experiencia en el país.
“Ningún investigador ha aplicado un método de investigación cualitativa, al contrario, solo querían hacerme incriminar torturándome, el Ministerio Público y el juez se han prestado a una falacia, por eso yo digo estos no han entrado con ética, simplemente han entrado a dedo, porque ninguna autoridad me ha escuchado”, apunta.
El abogado constitucionalista y docente universitario, Jorge Quiroz, aseveró que la Fiscalía junto con el Órgano Judicial y la Policía en estos momentos son instituciones “altamente corrompidas y corruptibles”, y no es real la aseveración de que el Ministerio Público “es una de las instituciones con mayor prestigio”.
“Quienes trabajamos en los tribunales, quienes somos abogados en el ejercicio libre, conocemos el teje y maneje de la realidad, tanto de la Fiscalía, de la Policía y del órgano judicial”, remarcó.
Dijo que lamentablemente el querellante tiene que ir y pararse horas tras horas para lograr que salga una resolución que vaya a emitir el fiscal, y esto ocurre porque esas autoridades “le dan prioridad a aquellos procesos en donde entre comillas hay plata, hay dinero para ellos, y eso es bastante desastroso para aquellas personas que creen que en la Fiscalía, que creen que en los tribunales van a encontrar justicia, pero a qué costo, eso no debería existir”.
Felipe, otro litigante, dice que, al inicio de su proceso penal, sentía respeto por el juez, por los fiscales, por los funcionarios judiciales, pero eso cambió con los años. Ahora “no tengo ni un mínimo de respeto al juez, ni alguna consideración, perdió todo valor para mí, siento que es algo insignificante”.
Indica que lo que si sabe es que, al entrar a un proceso judicial, por el motivo que sea, lo que se tiene que alistar es dinero, porque los funcionarios del sistema de justicia —Policía, Fiscalía, Tribunales, Cárceles— reaccionan al dinero como el tiburón a la sangre, “ambicionar dinero a costa del dolor ajeno es algo natural en ellos”.
Sofía reconoce que no se puede poner en un mismo saco a todos los funcionarios de la justicia, porque siempre hay alguien bueno, con principios, con ética, y eso lo pudo ver después de tanto batallar y de pasar incluso por abogados que la estafaron. “Pero gracias a Dios conocimos a un buen abogado, con mucha ética, íntegro, que no tuvo que pagar ni un peso al juez ni a nadie, hizo las cosas como se deben, según la ley, eso yo aplaudo”.
Aunque se da cuenta de que éstos son muy pocos, escasos, son la excepción, sacan la cara por su profesión y sus colegas, pero “tal vez solo son un 5 por ciento de todos los abogados”, porque “cuando escucho de un abogado, de un juez, de un fiscal, a mi mente se me viene rápido que es un corrupto, que no es de confiar, en lugar de sentirme tranquila me siento insegura, indefensa”.
Alguna vez se topó en las calles con algunas caras judiciales, y al verlos “se le pone la piel de gallina”, como cuando uno ve a un avezado delincuente que le robó, que le hizo mucho daño, pero camina con impunidad. Estas personas le recuerdan que estuvo muy vulnerable e indefensa y a merced de gente poderosa y abusiva que puede hacer con ella lo que quiera, sin pagar por sus actos.
“Son momentos que realmente no quiero ni recordar ni desearle a nadie, en lo absoluto, estar en esas andanzas es terrible, absolutamente todo es agobiante, es mucho sufrimiento, y no es una persona la que sufre, es toda una familia o dos familias, se sufre demasiado”.
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