El gobierno ha hecho de la exposición mediática de detenidos una política y una estrategia comunicacional para presentar resultados inmediatos, acto que vulnera el principio de inocencia, sin considerar las futuras denuncias internacionales.
Fuente: ANF
Pese a la sanción moral y económica de 800 mil dólares al Estado boliviano de parte de la CorteIDH por la vulneración de derechos humanos y la exhibición mediática de detenidos, el Gobierno continúa realizando “linchamientos mediáticos” con el propósito de mostrar “buen trabajo”.
Para el abogado constitucionalista Jorge Quiroz, esta vulneración del principio de presunción de inocencia, en particular del Ministerio de Gobierno y la Policía, es atribuible a la ignorancia sobre el tema de los asesores del Estado y a un órgano Judicial politizado que afianza la mala imagen internacional del país.
“Eso es atribuible definitivamente al incumplimiento del mismo Estado y también a los asesores jurídicos que poco o nada conocen de la temática, entonces, hacen cometer errores al Estado y le van generando una mala imagen internacional, porque cuando Bolivia no cumple los mandatos de un organismo internacional como la CorteIDH, no queda mal visto el presidente, el vicepresidente o los que estuvieron en función de gobierno, sino que queda mal visto todo el Estado en su conjunto”, señaló Quiroz a ANF.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) concluyó en el caso Blas Valencia vs Bolivia que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a la vida privada, al domicilio, a la protección de la familia, al derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales, entre otros.
Consideró que los allanamientos nocturnos y las detenciones realizadas durante ellos eran contrarios a la normativa constitucional vigente al momento de los hechos, las mujeres fueron víctimas de torturas sexuales durante sus detenciones, las malas condiciones que sufrieron durante sus detenciones implicaron, además, una violación al derecho a la integridad personal.
Determinó, además, que varias de las víctimas fueron exhibidas a los medios de prensa como autores del atraco a la camioneta cuando ni siquiera habían sido objeto de una imputación formal, por lo que se consideró que se afectó el principio de inocencia.
El gobierno ha hecho de la exposición mediática de detenidos una política y una estrategia comunicacional para presentar “culpables” con resultados inmediatos, acto que vulnera el principio de inocencia, sin considerar futuras denuncias internacionales que “les costará a todos los bolivianos recursos económicos”.
“Hay una resistencia normativa que jurídicamente no tiene ningún asidero, el ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) como cabeza del sector debería estar entre los primeros en cumplir (la presunción de inocencia) si ya sabemos que la millonaria sanción lo vamos a tener que pagar todos los bolivianos, en este caso al grupo de Blas Valencia, entonces, no entendemos por qué sigue exponiendo” a personas detenidas, dijo a ANF el abogado Manolo Rojas.
Rojas es abogado defensor de la estudiante de enfermería Dana Palavecino y del chofer de taxi Reynaldo Chura que fueron expuestos y acusados públicamente por el ministro Del Castillo del rapto del bebé Alex, ocurrido en septiembre de 2022. Ambos resultaron inocentes de los cargos, sin embargo, luego del daño moral y económico sufrido, ninguna autoridad pidió mínimamente disculpas públicas.
“No (ninguna autoridad pidió disculpas), es penoso, porque cuando se los ha detenido a ambos, se ha armado todo un circo, se ha presentado titulares muy agresivos pese a que ya la CorteIDH le dijo al ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) que no presente así a las personas que están siendo investigadas, pues le valió, no quiso hacer caso a esta sugerencia internacional y los presentó a ambos como grandes delincuentes”, señaló Rojas.
Pero cuando ellos salieron inocentes, absueltos de esta situación, agregó el jurista, “no se ha dignado (el ministro de Gobierno) en la misma magnitud a proclamar que son personas inocentes y que él se habría equivocado; esto obviamente va a ser siempre valorado por la CIDH”, apuntó.
Para el jurista, este comportamiento del Ministerio de Gobierno responde a fines políticos, es decir, “se quiere mostrar que se está trabajando, se quiere mostrar que se está agarrando a los culpables, pero en una proporción igualitaria cuando una persona es inocente, como en estos dos casos, mínimamente se les debería ofrecer un resarcimiento económico que como Estado sí pueden darlo, pero cuando vemos que todo es un show político como en este caso, donde se utiliza la justicia y a las investigaciones para fines políticos, estamos perjudicados”, apuntó.
Quiroz refirió que en esa cadena de maltrato a los ciudadanos e impunidad en las vulneraciones cometidas por el Estado, “se las presenta a las personas y se establece su culpabilidad, luego de eso, conforme ya las han presentado, el Órgano Judicial al estar politizado lo único que hace es meter presa a la persona, sea o no culpable, sin ningún tipo de investigación previa”.
