“La minería los despoja de lo esencial para la vida, como su territorio, sus ríos, sus bosques, sus suelos, su alimento y envenena con mercurio a las presentes generaciones de hombres, mujeres y niños”, dice el informe.
Fuente: ANF
El Estado, a través del megaproyecto hidroeléctrico Chepete y El Bala, la permisividad de la minería ilegal del oro y la falta de reconocimiento de derechos sobre las tierras, vulnera por lo menos 14 derechos de los pueblos indígenas del Beni y La Paz, según el tercer informe regional sobre Vulneración de los Derechos Humanos en la Panamazonía.
“Los líderes y representantes indígenas, en diversos encuentros públicos y privados, han denunciado una serie de violaciones a sus derechos fundamentales que viene cometiendo el gobierno de turno, debido principalmente a la imposición de megaproyectos extractivistas, que son ejecutados en nombre del ‘desarrollo’. (…) Los pueblos indígenas corren un alto riesgo de ser despojados de sus dominios ancestrales, destrucción de sus medios tradicionales de vida y hábitat”, señala el texto de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) que cita tres casos de vulneración de derechos.
Según los antecedentes, desde 1958 hasta 2021 numerosos gobiernos intentaron poner en marcha el proyecto hidroeléctrico Chepete y El Bala en la cuenca del río Beni con acciones arbitrarias e inconsulta con los pueblos indígenas del lugar. De acuerdo a estudios, la megaobra provocará inundaciones producto de la construcción de las represas y en consecuencia el desplazamiento de cientos de indígenas de sus territorios.
En este caso, los pueblos indígenas Mosetene, Tsimane, Tacana, Leco, Esse Ejja y Uchupiamona que habitan la cuenca alta del río Beni consideran que el Estado y las empresas han violado sistemáticamente su derecho a la consulta previa, libre e informada; su derecho a la información; a vivir en un ambiente sano; a existir libremente; a la protección de sus sitios sagrados, entre otros.
Por otro lado, el avance feroz de la minería ilegal del oro se constituye en otro caso de violación de derechos para los territorios indígenas y áreas protegidas (Madidi y Pilón Lajas). Ejemplos de la grave situación se reflejan en el avasallamiento con armas de fuego, dinamitas, petardos y piedras en la comunidad de Chushuara, municipio de Apolo, en marzo de 2022. A este hecho se suma, la demanda interpuesta por un minero contra dos guardaparques del Madidi.
“La minería los despoja de lo esencial para la vida, como su territorio, sus ríos, sus bosques, sus suelos, su alimento y envenena con mercurio a las presentes generaciones de hombres, mujeres y niños. Se les está condenando a una desaparición silenciosa. (…) Últimamente, se les ha forzado a convertirse en mineros para proteger su territorio e inducir a su autodestrucción, así el Estado se deslinda de sus responsabilidades”, concluye el informe.
REPAM identificó que en este caso se atenta contra el derecho a la vida; a la salud; a la alimentación; a sus saberes y conocimientos tradicionales, la medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos; a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
El caso boliviano analizado por REPAM también hace énfasis en el despojo de territorios de las 14 comunidades indígenas Tsimane del Sector Yacuma, cuyo pueblo habita el territorio indígena Chimán y la Reserva de Biosfera y Territorio Indígena de Pilón–Lajas que son áreas que carecen de reconocimiento de derechos sobre las tierras.
“Reiteradamente, se ha vulnerado el derecho a la vida y la libertad de las comunidades del sector Yacuma con el propósito de despojarlas y expulsarlas de su territorio ancestral. Estas acciones se manifiestan a través de actos violentos como la quema de viviendas, el sometimiento al trabajo que se asemeja a la esclavitud, las invasiones por madereros que arrasan con el bosque y la privación de sus alimentos culturalmente adecuados extraídos del bosque. (…) Tras un proceso de saneamiento mal ejecutado por instancias estatales y las denuncias presentadas, la situación ha empeorado debido a que los chaqueos y quemas, realizados para ampliar la frontera agrícola, están privando a los indígenas de sus medios tradicionales de vida, siendo afectados por los incendios que han causado desastre ambiental”, refiere el informe.
Las comunidades indígenas tsimane sufren ataques a su derecho a la vida, libertad y seguridad personal; derecho a no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a la igualdad y derecho a la propiedad, individual y colectiva.
Ante los casos expuestos de violación de derechos, la Red Eclesial Panamazónica propone al Estado considerar dentro la política de desarrollo e inversión el análisis técnico científico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en el que se recomendó no proseguir con el proyecto hidroeléctrico Chepete y El Bala.
Asimismo, sugieren la rescisión de contratos mineros en áreas protegidas y mecanismos de control más rigurosos para las actividades mineras. Para el caso del sector Yacuma, piden medidas de seguridad efectivas para garantizar la vida y libertad de las comunidades que habitan el lugar.
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