El procurador general del Estado, César Siles, develó que la familia de Michael Dwyer, abatido en la toma del hotel Las Américas en 2009, demanda al Estado de Bolivia una indemnización de $us 3 millones, que considera un monto “demasiado alto”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos durante la intervención.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Siles aseguró que entre las recomendaciones de la CIDH está la reparación económica a los afectados, pero no establece un monto específico. Por ello, la familia de Dwayer pidió $us 3 millones a Bolivia. “Creemos que es reparación es demasiado alta”.

Recordó que, por ejemplo, en el caso del asesinato de Juan Carlos Flores Bedregal, desaparecido forzadamente durante la dictadura de Luis García Meza en 1980, la CIDH falló en contra de Bolivia e instruyó una reparación de $us 450.000.

“No condice $us 450.000 contra $us 3 millones”, aclaró Siles respecto de la demanda de la familia Dwyer.

Anunció que el Estado boliviano solicitará la asesoría de la CIDH para establecer un resarcimiento dentro de los parámetros normales. “Somos consecuentes con la CIDH y estamos informado lo que pasa con los casos”.

Asimismo, Siles confirmó que el caso Terrorismo fue reactivado en Santa Cruz contra los autores que ejecutaron el plan, entre ellos, Morales, quien ya adelantó que no se presentará al jucio y desafió ser arrestado. Además, adelantó que el día de la ejecución del plan, el exvicepresidente Álvaro García Linera se encontraba como presidente en ejercicio.

“El estado procesal es que, vía resolución, en marzo de 2023, la investigación fue reabierta. La fiscalía está en pesquisas”, añadió Siles.

En 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez, los casos Terrorismo I y II fueron cerrados por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado “retiró la acusación”.

La exautoridad, ahora presa en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno, argumentó que retiró la denuncia a modo de “regalo al pueblo cruceño”, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride.

Al ser consultado sobre las razones del cierre de los casos Terrorismo I y II, Siles afirmó que las motivaciones fueron políticas. “El exministro retiró los dos casos, ante ello, las otras partes también lo hicieron”.

Por ello, anunció que es posible plantear una «revisión extraordinaria» de las sentencias que en 2020 cerraron los casos, debido a las excusas del Ministerio de Gobierno.