Sin respetar las leyes y normativas vigentes en el país, las determinaciones de una Sala Constitucional echaron por tierra una ley consensuada y aprobada por más de dos tercios en la ALP.
Fuente: El Diario
Reiterando que con la determinación judicial que anuló la preselección de candidatos a las elecciones judiciales se vulneraron derechos de los más de 400 postulantes que continuaban habilitados en este proceso, el diputado por la agrupación Creemos, Leonardo Ayala, lamentó que autoridades judiciales no garanticen el respeto a las leyes y normativas vigentes en el país.
En criterio de asambleísta nacional, se han vulnerado los derechos de los postulantes que sí cumplieron con todos los requisitos para avanzar en el proceso de preselección y quedaron en la incertidumbre, antes de iniciar la etapa de evaluación oral y escrita.
Ayala además cuestionó que sean las propias autoridades de justicia las que no garanticen el respeto a las leyes y normativas vigentes en el país, mediante determinaciones que echan por tierra una ley consensuada y aprobada por más de dos tercios en sesión del Parlamento nacional.
“Esta determinación evade la Constitución Política del Estado (CPE) y la ley 1549 que fue tratada y aprobada por dos tercios del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”, dijo.
Adelantando que desde las fuerzas de oposición se continuará luchando para sacar adelante las elecciones judiciales, el asambleísta de oposición instó a seguir trabajando para conseguir cambios en la administración del Órgano Judicial, mismos que den paso a una transformación de todo este sistema, hasta poder contar con una “justicia más justa”.
“Queremos que se haga justicia y que continúe el proceso de las elecciones judiciales con los exámenes de competencia a los más de cuatrocientos candidatos habilitados, porque se está vulnerando los derechos de estas personas”, finalizó Ayala.
Esta semana, los vocales Celsa Salazar y Jorge Luis Sotelo, de la Sala Constitucional Primera de Cobija, determinaron dar curso a una Acción Popular contra la Ley 1549, dejando sin efecto la actual preselección de candidatos para las elecciones judiciales.
Actores políticos, asambleístas de diferentes organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil, señalaron que con esta determinación se “sepultó el proceso” y consumó el quebrantamiento del orden constitucional y democrático en el país.
El recurso en cuestión, argumenta que se vulneraron derechos relacionados a la igualdad de oportunidades para mujeres y representantes de pueblos indígenas originarios, por lo que la determinación de la Sala Constitucional también dispuso realizar un nuevo proceso de preselección.
Desde Comunidad Ciudadana, el diputado Pablo Arízaga, afirmó que esta determinación es funcional a los intereses de mantener a las actuales cabezas de la justicia boliviana. “Han sepultado este proceso”, expresó Arízaga desde sus redes sociales.
La acción popular fue presentada el pasado 18 de abril y dictó, primero, una medida cautelar que frenó la preselección en la ALP, misma que cursaba la etapa de evaluación de méritos.
Fuente: El Diario