Gobierno redacta proyecto de ley que dispone que si una persona es detenida por robo en flagrancia, será sancionada con cárcel de 7 años, sin derecho a indulto.
eju.tv
Lidia Mamani / La Paz
Luego que el Gobierno remitió este jueves un proyecto de ley en el que se crea un tipo penal denominado “apoderamiento flagrante de la cosa ajena”, en el que la persona que ilegítimamente se apodere de bienes mediante descuido, intimidación o violencia y fuera encontrado en flagrancia por efectivos policiales, será pasible a la sanción de siete años sin derecho a indulto. En el caso del abigeato, los ganaderos señalaron que la mayor cantidad de casos se registra a “escondidas” y que por eso hay pocos aprehendidos.
“Deben ser varios eventos en lo que se tropieza, se debería tener un control satelital para encontrarlos en el acto, porque el abigeatista tiene la capacidad de ser muy furtivo, que es un tema y a partir de esos escenarios podríamos detallar en qué es lo que se tropieza”, señaló el gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Federico Rojas, en contacto con Eju.tv.
Afirmó que en el caso del abigeato, también conocido como robo de ganado, es un delito que causa mucho daño económico al sector en cuanto al número de animales. Pero, al margen de la cantidad de ese acto ilegal, en muchos casos, la afectación es desde lo que tiene que ver con la genética, porque les ocupa años de trabajo, porque el abigeatista no mira, no sabe si el animal es de raza y ni cuánto cuesta.
Asimismo, señaló que sería interesante que a la hora de tratar el proyecto de norma en la Asamblea Legislativa los puedan tomar en cuenta, porque el abigeato es un daño que se causa y la justicia no responde en consecuencia y muchas veces no se logra ejecutar con lo que responde con la pena.
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“En muchos casos estos delitos son silenciosos, porque no se detiene a los delincuentes y cuando se da el caso y son llevados a la justicia, no actúan como lo esperado y el ganadero no tiene el resultado esperado, que es el castigo”, insistió.
De acuerdo con datos de Fegasacruz presentados a principios de este año, en 2023 el robo de ganado ocasionó una pérdida económica de alrededor de $us 4 millones en el departamento de Santa Cruz, por eso se pidió endurecer las sanciones penales.
Posición del Gobierno
Al respecto, el ministro de Gobierno Eduardo Castillo, señaló este jueves que en el caso de robo de ganado, las penas son mínimas para los que cometen hurto y de manera automática los fiscales los liberan.
“Por lo tanto, estas personas que se animen a robar energía, minerales o ganado dentro de territorio boliviano y que sea aprehendido en flagrancia, van a tener este procedimiento sumarísimo, se le aplicará el nuevo tipo penal y en menos de siete años estas personas no podrán salir de las cárceles (…). La condicionante es que deben ser aprehendidos en flagrancia, ya no habrá más que investigar, no se necesitará una imputación ni requerimientos fiscales, sino que los policías lleven las imágenes a la fiscalía, que son elementos necesarios para que se dé la sentencia”, señaló la autoridad.
Agregó que, según reportes estadísticos de 2023, en Bolivia se registraron 21.330 delitos contra la propiedad, de esta cifra 2.931 personas ingresaron a centros penitenciarios por la comisión de hurtos, robos, robos agravados, abigeatos, jukeos y otros. Sin embargo, el 82% fue liberado pese a haber cometido faltas contra la ley arrebatando el patrimonio de terceros y sólo el 2,78% de las denuncias hechas a la Policía tuvo sentencia condenatoria, lo que propició impunidad para los delincuentes.