Un fallo del Tribunal Constitucional de 2023 establece que la reelección presidencial no es un derecho humano por lo que Morales no podría postular a la presidencia, pero desde el evismo dicen que éste será candidato.
eju.tv / Video: Bolivia TV
Juan Carlos Véliz / La Paz
La única instancia que puede frenar la candidatura de Evo Morales en 2025 es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por eso el evismo buscaría el cese de mandato de los actuales magistrados y generar un caos judicial, según dijo el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.
«A ellos (evistas) les interesa el conflicto, les interesa pisotear la ley como lo hay hecho el jueves a fin de deshacerse de un Tribunal Constitucional, autoridades judiciales, etcétera que mañana permitan que no tengas un ente donde puedas recurrir en caso de una ilegalidad en el tema electoral, llámese en este caso la inscripción del candidato Evo Morales», afirmó el funcionario en rueda de prensa.
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La Sentencia Constitucional 1010/2023, aprobada por el TCP el 29 de diciembre de 2023, establece que la reelección “no es un derecho humano” por lo que puede ser restringido legalmente. De esa manera anuló una sentencia anterior de 2017 que establecía lo contrario.
A criterio del Gobierno y abogados constitucionalistas, este fallo constitucional determina que Evo Morales no puede ser candidato otra vez porque ya agotó su derecho a una segunda reelección continua, pero el exmandatario y sus allegados afirman que éste será candidato del MAS.
«Obviamente seguro todos los políticos de este país van a saltar para decir que no puede (ser candidato). Una cosa es que yo diga que no puede, pero otra cosa es que lo diga el Tribunal Constitucional y si no hay Tribunal Constitucional ¿En qué quedamos?», cuestionó Torrico.
«Por eso buscan el caos, no es por otra cosa, aquí se busca el caos por un motivo», señaló.
La pasada semana, en una polémica sesión de la Asamblea Legislativa presidida por el presidente del Senado, se aprobó una ley que cesa de sus funciones a los actuales magistrados del sistema judicial de Bolivia; sin embargo, la norma estará vigente cuando sea aprobada por el presidente Luis Arce.
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Parlamentarios del bloque arcista y autoridades gubernamentales anticiparon que Arce vetará dicha norma porque la sesión dirigida por Andrónico Rodríguez fue ilegal.
El bando evista del MAS dio ayer un ultimátum de 10 días para que Arce apruebe dicha norma y otras aprobadas en la última sesión.
El viceministro Torrico calificó esta acción como parte de un «matonaje político» que ejercer el jefe del partido, Evo Morales, como estrategia para mantenerse en el cargo.
