La Ministra de la Presidencia observa la sesión de la Asamblea que fue dirigida por Andrónico Rodríguez y anunció que el Ejecutivo espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las leyes aprobadas.
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Juan Carlos Véliz / La Paz
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, insistió ayer que la Constitución boliviana no establece en ninguno de sus artículos que el Presidente del Senado asuma las funciones del Vicepresidente en caso de que ejerza la presidencia interina del país.
«Aquí tenemos absoluta claridad en nuestra Constitución Política del Estado: No existe este tema que se asuma de manera automática la presidencia de la Asamblea Legislativa, únicamente se habla de ausencia de la persona que no era el caso porque nuestro Vicepresidente estaba en Bolivia y de un impedimento definitivo, que tampoco era el caso», afirmó en una rueda de prensa.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presidió el 6 de junio una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional después de asumir que el reglamento de la cámara de Diputados le otorga los poderes del Vicepresidente, que según la Constitución, es el Presidente Nato del Legislativo.
En esa sesión se aprobaron varias leyes, una de ellas de cese de funciones de los altos magistrados del órgano Judicial que se prorrogaron en sus funciones desde diciembre de 2023 y la autorización para que el Legislativo continúe con el proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales.
Para evitar que Rodríguez, del ala evista del MAS, tome la presidencia de la Asamblea, el Gobierno presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional que en un tiempo récord admitió la solicitud y notificó al senador que no puede asumir las funciones de David Choquehuanca.
Choquehuanca entonces asumió la presidencia en ejercicio del país en ausencia del presidente Luis Arce, quien viajó a Rusia para reunirse con su homólogo Vladímir Putin y participar en el foro económico de San Petersburgo.
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«Ese recurso es admitido por el órgano Judicial, eso implica que habiéndose admitido, habiéndose notificado como corresponde esa sesión debió detenerse, no sucedió, continuó adelante y se aprobaron estas normativas pese a ese recurso de nulidad», observó Prada.
La Procuraduría General del Estado denunció entonces que Rodríguez usurpó funciones del Presidente Nato de la Asamblea y perpetró un «golpe a la democracia, al Estado de derecho y al orden constitucional».
Las leyes aprobadas en la sesión fueron remitidas al órgano Ejecutivo para que sean promulgadas e ingresen en vigencia; sin embargo, ese poder del Estado remitió una consulta al Tribunal Constitucional para que se pronuncie en relación a esas normativas.