Asimismo, pide el respeto de los derechos fundamentales de la familia del general Peña y Lillo, acusado de haber participado en el fallido golpe de Estado del pasado miércoles
Parte de los sospechosos de haber participado en la asonada del miércoles. Foto: APG
eju.tv
Boris Bueno Camacho / La Paz
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) exigió este viernes al Estado boliviano que garantice la seguridad y la vida del presidente de los militares en servicio pasivo, Tomás Peña y Lillo, y de sus familiares, así como el respeto a sus derechos humanos fundamentales durante las investigaciones que realizan el Ministerio Público y la Policía Boliviana sobre el intento de golpe de Estado del 26 de junio.
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Mediante un comunicado, ese organismo expresó su solidaridad con el general en servicio pasivo; su esposa, Katerine Antezana, quien es comisionada de esa institución de DD.HH. en el país, así como su familia, quienes serían víctimas de hostigamiento por parte de las instancias que investigan una posible participación del militar en retiro en la frustrada asonada que fue comandada por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.
“Hoy, lamentamos los acontecimientos en los que la policía ingresó a la casa de la comisionada Katherine Antezana en La Paz, con la intención de detener al general Peña y Lillo. Como organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, instamos a las autoridades a actuar con responsabilidad y respeto hacia los derechos de todas las personas, sin excepción”, reza parte del pronunciamiento.
Fernando Hamdan, presidente del Consejo Nacional en DD.HH. para Bolivia de la CIDHPDA, en comunicación con eju.tv, denunció que los organismos de seguridad del gobierno tratan de implicar a Peña y Lillo en una acción que no está esclarecida del todo y por la cual se procede a una serie de atropellos como el sufrido por la familia del militar pasivo.
La esposa de Peña y Lillo denunció la pasada jornada ser víctima de un ‘acoso’ policial luego de que efectivos del orden irrumpieran en su casa en dos oportunidades a altas horas de la madrugada del jueves pasado en busca de su esposo de quien aseguró desconocer su paradero; pese a ello, los uniformados le pidieron que ella y su hijo los acompañen a dependencias policiales, hecho que no sucedió, porque no tenían una orden de allanamiento.
“Katherine Antezana es nuestra comisionada visitadora penal de la CIDHPDA, comisión que trabaja en defensa de los presos y perseguidos políticos, es una triste noticia porque, al parecer es un ensañamiento del gobierno boliviano contra una familia por una acción de un hecho del cual que no se tiene claridad, provocando zozobra a sus derechos fundamentales”, puntualizó el representante de esa institución.
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Según el ministro Del Castillo, el general Peña y Lillo es uno de los principales sospechosos de haber promovido la asonada; además de él, otros dos militares en retiro, el también excomandante del Ejército José Antonio Agreda y un coronel, Ramiro Calderón de la Riva, son buscados por presuntamente ser parte de ese supuesto complot ‘contra un gobierno democráticamente electo’.
De acuerdo con la página web institucional, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) es una Organización No Gubernamental que se fundó en Shirley May Eagle, Montana, USA, el 21 de mayo de 2017 por activistas latinos defensores de los derechos humanos que fomentan la Cultura de Paz.
La organización que está reconocida por las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) es integrada por abogados, profesionales de cualquier índole, periodistas, indígenas, reporteros, ciudadanos, amas de casa, campesinos, empresarios y de cualquier otro tipo de oficio y personas que estén interesadas en promover, respetar, fomentar la dignidad de la persona humana.