El Tribunal Supremo Electoral considera que ningún fallo judicial debería frenar el calendario porque ya precluyó la etapa de preselección de candidatos a magistrados en la Asamblea Legislativa.
eju.tv
Juan Carlos Véliz y ABI / La Paz
El Tribunal Departamental de Justicia del Beni postergó para la próxima semana la audiencia programada para ayer con el objetivo de tratar el amparo constitucional presentado por el expostulante Hugo Vargas en contra de las elecciones judiciales, informó el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas.
“Hemos sido notificados el día de ayer (por el miércoles) con esta acción de amparo que ha accionado un postulante en el Tribunal Departamental de Justicia del Beni. El día de hoy (jueves) debió llevarse la audiencia, sin embargo, se suspendió por algunos defectos de forma y alguna falta de notificaciones para la próxima semana”, explicó en el programa Poder Medios y Miedos.
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El postulante Hugo Vargas objeta su inhabilitación como postulante a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por Beni, y en su amparo exige al TSE devuelva las listas de candidatos seleccionados a la Asamblea Legislativa (ALP).
Entre sus argumentos refiere que obtuvo 150 puntos, por encima de los 130 requeridos para llegar a la sesión de la Asamblea Legislativa, pero que no fue incluido en la lista de preseleccionados y que en su lugar se incluyó a otro aspirante por su autoidentificación indígena.
No obstante, el vicepresidente del TSE recordó que la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 y la Ley del Régimen Electoral “establecen el principio de preclusión”, es decir, que “las actividades que son ejecutadas en el marco de los procesos electorales no se pueden revisar ni repetir”.
“Ya la fase de preselección ha sido agotada y cerca de 16 actividades del calendario electoral han sido debidamente ejecutadas en tiempo oportuno. Por ejemplo, el empadronamiento biométrico que se desarrolló durante 11 días ya ha culminado. Estamos en la fase de publicar las listas de ciudadanos inhabilitados y luego entramos a una fase final de organización, de administración del proceso electoral”, explicó.
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Advirtió que, si el proceso electoral no se realiza este año generaría una serie de problemas y dificultades a todo el ciclo electoral para el año 2025.
“Sería una situación nefasta para la democracia que este proceso que está en curso se vea nuevamente paralizado. Será la ciudadanía, el pueblo boliviano, el que juzgue a estos administradores de justicia que estarían poniendo en vilo este proceso electoral y, ante todo, atentando contra el derecho a la democracia a ejercer el voto que tienen las bolivianas y los bolivianos”, advirtió.