La violencia en Bolivia en 2024 refleja una problemática compleja y persistente que no solo amenaza la seguridad ciudadana, sino que desafía las estructuras sociales y culturales del país. A nivel criminológico, el análisis de la violencia en esta gestión exige observar más allá de los actos delictivos para comprender las dinámicas subyacentes que los alimentan: desigualdad social, desconfianza en las instituciones y una cultura de impunidad.
En el contexto actual, Bolivia experimenta un aumento en la violencia urbana y en los delitos graves. Las ciudades se han convertido en escenarios donde la juventud marginada enfrenta limitadas oportunidades de empleo y educación. La exclusión social, sumada a una crisis económica que ha profundizado la pobreza, crea un entorno en el que el delito aparece como una vía de escape, como una alternativa de vida para muchos jóvenes. Este fenómeno nos recuerda que, detrás de cada estadística de delincuencia, hay un trasfondo de falta de oportunidades y desesperanza.
La violencia de género y los crímenes de odio también han alcanzado niveles alarmantes, reflejando profundas desigualdades de género y un sistema social donde aún prevalecen estigmas y roles de poder. Aunque existen leyes que buscan proteger a las víctimas, la aplicación de estas normativas se enfrenta a grandes limitaciones. Las instituciones encargadas de velar por la seguridad y justicia carecen del respaldo necesario para cumplir con su labor, lo que alimenta la percepción de impunidad y socava la confianza en el sistema.
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Desde un enfoque reflexivo, la violencia en Bolivia en 2024 nos plantea una interrogante crítica: ¿cómo abordar un problema que parece tan profundamente enraizado en las estructuras sociales y económicas? Para muchos criminólogos, la respuesta va más allá de simplemente fortalecer el sistema de seguridad. Se requiere un cambio cultural y estructural, donde la educación, el desarrollo económico y la justicia social se conviertan en pilares fundamentales de una política de prevención.
La solución no es solo reprimir el delito, sino transformar el entorno que permite su proliferación. La violencia no desaparecerá con acciones inmediatas; requiere de un compromiso de largo plazo que revalorice la dignidad humana y construya una sociedad donde cada individuo, sin importar su origen o género, pueda encontrar un camino libre de violencia.
Carlos Pol Limpias, Abogado, Doctor en Derecho Constitucional