En un operativo de control móvil en la ruta Cuatro Cañadas – Chihuahua, en el departamento de Santa Cruz, dos camiones que transportaban madera ilegal se dieron a la fuga, poniendo en peligro la vida de los servidores públicos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), informó este martes el director de la entidad, Luis Flores.

“Durante el control, los vehículos fueron detenidos y se constató que transportaban productos forestales sin el Certificado Forestal de Origen. En lugar de cumplir con las disposiciones, los conductores escaparon haciendo maniobras peligrosas que pusieron en riesgo la vida de nuestros funcionarios”, denunció Flores.

Madera

Una funcionaria de la ABT intentó bloquear el paso de uno de los camiones utilizando el vehículo oficial de la institución. Sin embargo, el conductor ignoró la barrera y avanzó, poniendo en peligro la integridad de la servidora pública.

En plena persecución, los infractores abandonaron un acople cargado de madera en la carretera, en un intento por dificultar la labor de las autoridades.

Además, de acuerdo con Flores, los camiones fueron auxiliados por un grupo de encapuchados que se desplazaban en motocicletas y portaban machetes, lo que incrementó el nivel de agresión hacia los funcionarios.

“Se presume que esta madera ilegal proviene de las zonas de Concepción, San Miguel o San Antonio de Lomerío. Nuestros equipos están movilizados para dar con los responsables y garantizar que se cumpla la ley”, afirmó Flores.

El director de la ABT también hizo un llamado a la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y los gobiernos municipales para colaborar en el combate a la tala y transporte ilegal de madera. Asimismo, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier movimiento sospechoso a través de las líneas habilitadas por la entidad.

La ABT mantiene su compromiso de luchar contra el tráfico ilegal de productos forestales, ya que, según la institución, es una actividad que no solo daña los recursos naturales del país, sino que también genera riesgos para quienes trabajan en su fiscalización.