La institución cruceña observó la entrada en vigor de la norma, que no fue consensuada y que incluye artículos que consideran atentatorios contra la actividad productiva.
eju.tv
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestionó este viernes la «negación de la realidad económica» en la que consideran incurre el Gobierno, al poner en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 sin consenso, por lo que pide políticas efectivas.
«El Directorio y los más de 2.000 asociados de Cainco manifestamos nuestra profunda preocupación ante la promulgación de la Ley 1613 que pone en vigencia el PGE 2025, sin el correspondiente debate ni aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Consideramos que esta acción refleja una alarmante desconexión con las realidades económicas del país y un preocupante precedente en la gestión institucional», se lee en el comunicado publicado por la institución.
El proyecto de PGE 2025 fue rechazado en las últimas semanas del año pasado, cuando la Comisión de Planificación eliminó dos artículos y planteó nueva redacción para otros tres y no se dio curso a su tratamiento en pleno antes del receso anual de la ALP.
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Pese a las observaciones, el presupuesto fue aprobado por fuerza de ley y entró en vigor el miércoles, primer día del año, hecho que causó cuestionamientos desde diferentes sectores productivos, como el caso de Cainco.
«La autorización de endeudamiento externo por hasta $us 4.000 millones para apoyo presupuestario, deuda pública y emergencias agrava la ya delicada situación financiera nacional (…). La vigencia de la disposición adicional séptima, que otorga facultades a las entidades del Estado para decomisar productos de la canasta familiar, refuerza la incertidumbre y afecta la confianza en el clima de inversión» observó la cámara cruceña.
Por lo expuesto, Cainco hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para trabajar con «políticas económicas realistas y efectivas que estimulen la inversión, generen empleo y fortalezcan la seguridad jurídica», ya que consideran que la aprobación del PGE profundiza la crisis económica e institucional que vive el país.