Empresarios, productores, gremiales y otros sectores económicos han exigido que la norma sea abrogada o se iniciarán movilizaciones a nivel nacional
Los sectores económicos temen que las confiscaciones se realicen de manera discrecional
Fuente: UNITEL
Una disposición adicional que fue incluida en el Presupuesto General del Estado 2025 ha provocado que los sectores de la economía nacional más importantes declaren una emergencia y amenacen con iniciar una movilización a nivel nacional hasta conseguir que esta norma sea eliminada.
Se trata de la disposición séptima de la ley del Presupuesto General del Estado 2025 que ya se encuentra en vigencia y cuya aprobación fue polémica, ya que no contó con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir que no fue sancionada por esta instancia.
Estas son las claves para entender el tema:
¿Qué dice la norma?
La disposición séptima de la ley 1363 del Presupuesto General del Estado, que entró en vigencia el 1 de enero de 2025 tiene dos parágrafos, siendo el primero el más cuestionado. Éste dice lo siguiente:
“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
La norma, además tiene un segundo parágrafo en el que se señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales “debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad”.
¿Por qué es una ley si no fue aprobada por la Asamblea Legislativa?
La disposición está en vigencia gracias a que fue incluida en la única ley que goza de la autorización de la Constitución Política del Estado (CPE) para aprobarse de forma automática si es que no es tratada en un tiempo determinado.
El artículo 158 de la CPE señala que si el proyecto de ley del PGE no está aprobado dentro de un plazo de 60 días “se dará por aprobado”.
La división del Movimiento Al Socialismo en la Asamblea Legislativa impidió que el documento sea tratado en la Asamblea. Las peleas internas derivaron que nunca se encuentre acuerdos para convocar a una sesión y la oposición, que es minoría en ambas cámaras, nada pudo hacer para que el proyecto de ley del PGE sea debatido. Ya en 2024 el Presupuesto General había entrado en vigencia de forma automática.
¿Cuál es el temor de los sectores económicos?
Los sectores económicos que se oponen a la norma denuncian que el Gobierno aprovechó que podía aprobar una ley de forma automática para incluir una disposición que en el fondo no tiene nada que ver con el Presupuesto General del Estado, que es un documento que establece los ingresos, gastos e inversiones que tendrá el Estado en el año fiscal.
El constitucionalista José Luis Santistevan señala que el incluir esta disposición en la ley presupuestaria es ilegal. “Son inconstitucionales las leyes de presupuestos anuales que modifican leyes ordinarias y especiales en sus disposiciones adicionales, transitorias y finales”, dice el experto que advierte que al tener la norma una vigencia definida (un año) deja claro que hay otros asuntos que no deben ser normados, en este caso el decomiso de productos.
Los empresarios privados, industriales, productores agropecuarios, gremiales, choferes, exportadores y otros han expresado su preocupación por la aplicación de esta norma, calificándola como un “atentado a la economía” ya que en la práctica permite que de manera discrecional cualquier funcionario con el argumento de “garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos” podrá decomisar productos.
La disposición señala de manera general que “las entidades competentes” pueden activar acciones de control y decomiso. El Gobierno ha asegurado que está aún pendiente una reglamentación y pidió tranquilidad a los empresarios.
En su discurso por el aniversario del Estado Plurinacional, el presidente Luis Arce, se refirió al tema y defendió la polémica normativa de decomiso.
“El gobierno nacional para defender el bolsillo de los bolivianos ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante, no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito del agio y especulación y afecten el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos.”, señaló.
Los sectores que se oponen a las confiscaciones han dado un plazo hasta el 30 de enero al Gobierno para que derogue la norma, caso contrario iniciarán movilizaciones el 10 de febrero.
¿El Gobierno puede anular la disposición séptima?
No de forma directa, a pesar de no haber pasado por tratamiento legislativo, el Presupuesto General del Estado, donde está incluida la disposición séptima, tiene condición de ley, por lo que solo la Asamblea Legislativa puede abrogar esta parte específica de la norma.
El mejor ejemplo es lo que sucedió con el Código del Sistema Penal, cuando el entonces gobierno de Evo Morales terminó cediendo a las protestas y envió un proyecto de ley para que la norma se abrogara, aunque en este caso se anuló toda la ley.
Fuente: UNITEL