La toma ilegal de tierras afecta a las regiones del Norte Integrado y la Chiquitania, según el IBCE, desde donde lamentan que no haya presencia del Estado en los predios productivos.
La toma ilegal de tierras amenaza a la seguridad jurídica y desincentiva inversiones, según las denuncias (Foto referencial)
Fuente: Unitel
En el inicio del 2025, la toma ilegal de tierras no deja de ser un problema para el sector productivo cruceño, que registra cerca de 90.000 hectáreas avasalladas, según el reporte del gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
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“Anapo nos ha pasado una cifra escalofriante y es parcial, de que están contabilizadas cerca de 70.000 hectáreas de predios avasallados solo en el Norte Integrado y hay unas 20.000 en el área de la Chiquitanía y en Guarayos. Y se advierte que hay muchos predios avasallados que no quieren dar la información por el temor a las represalias”, sostuvo el ejecutivo.
Esta situación conlleva a que inversiones privadas opten por mercado como el paraguayo, de acuerdo con la información presentada por Manlio Roca, gerente general de CREA Bolivia, institución que representa a empresas privadas del sector agropecuario.
“Se han ido empresarios bolivianos a Paraguay, han buscado otra frontera, están haciéndolo todavía. Y no han llegado inversiones importantes grandes al país por esta razón”, señaló Roca en entrevista con Canal Rural.
Por su parte, el gerente del IBCE consideró que cuando hay un avasallamiento en un predio productivo, se advierte que no hay seguridad jurídica y no hay presencia del Estado, tema que se tiene que dar de manera diligente y continua.
“En la medida de que no haya seguridad jurídica, ¿quién va a invertir? ¿quién va a reinvertir en el país para que se produzca más, para que haya excedentes para la exportación?”, apuntó Rodríguez al referir que este es un tema clave para la producción.
Mientras que el gerente de CREA Bolivia sostuvo que el escenario de avasallamientos no solo desincentiva la producción agrícola y pecuaria, sino que tiene consecuencias enn la seguridad alimentaria de un país.
“Tenemos un marco legal que es claro en la Constitución, en nuestras leyes; sin embargo los casos de avasallamiento que hemos tenido, que son varios, no han tenido ni la celeridad ni la transparencia para dar con los culpables. Personas que tienen títulos del INRA han visto sus derechos totalmente vulnerados”, dijo Roca.