La última etapa del juicio oral y contradictorio debía iniciar este lunes a las 08:30 con la presentación de las pruebas de cargo por parte del Ministerio de Gobierno.
eju.tv / Video: BTV
Boris Bueno Camacho / La Paz
El juicio por el caso ‘Golpe de Estado I’ no pudo ser reanudado este lunes debido a que exlíder cívico Marco Antonio Pumari no fue trasladado desde el centro penitenciario de Cantumarca hasta el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, donde nuevamente debía a llevarse a cabo el proceso contra el potosino y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia y posterior huida del exmandatario Evo Morales Ayma.
Las protestas sociales ocurridas entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 provocaron la renuncia de Morales. Camacho y Pumari, entonces líderes cívicos de sus regiones, fueron identificados por las autoridades gubernamentales como promotores de las movilizaciones cívicas por denunciar un fraude en las elecciones de 2019 supuestamente cometido por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), aseveración apoyada en un informe del grupo de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) al respecto.
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La reanudación del proceso oral y contradictorio iba a ingresar en la etapa final, la audiencia estaba prevista para las 08.30 en el Salón Rosado del TDJ. Luis Fernando Camacho ingresó a las instalaciones aproximadamente a las 06:30 de este lunes, pero no sucedió lo propio con Marco Antonio Pumari, ya que no llegó a ese lugar, porque no fue trasladado desde Cantumarca, donde guarda reclusión desde el año 2022. Las autoridades de Régimen Penitenciario no efectuaron el operativo para que sea trasladado a La Paz.
El proceso se encuentra en fase de exclusión de prueba considerada la etapa final. En esta parte del juicio, el Ministerio de Gobierno debe presentar sus pruebas de cargo, para que sean evaluadas por las autoridades. En ese sentido, el tribunal debe emitir una resolución sobre las pruebas que van a ser judicializadas y cuáles de ellas no. La parte acusadora del juicio que inició la exdiputada Lidia Patty y al que posteriormente se adhirieron otras instancias, asegura que poseen todas las pruebas documentales que refieren los hechos de 2019.
Foto: captura pantalla
Según Jorge Nina, abogado de Lidia Patty, en esta etapa procesal, el Ministerio de Gobierno debe presentar las pruebas de cargo, para que sean evaluadas por el tribunal. “Seguramente el tribunal emitirá su resolución, en relación con qué pruebas van a ser judicializadas y qué pruebas no; todas las pruebas documentales tienen relación con los hechos y pretenden demostrar los hechos ilícitos”, anunció el legista.
Por su parte, Diego Gutiérrez, abogado defensor de Marco Antonio Pumari, su cliente no fue trasladado a la sede de Gobierno en clara violación de sus derechos constitucionales. “Desconocemos cual es la razón por la que Régimen Penitenciario no lo ha trasladado, exigiremos que se nos informe de forma escrita, porque el Ministerio de Gobierno, a través de Régimen Penitenciario, está vulnerando sus derechos”, confirmó.
El proceso penal comenzó el pasado 17 de octubre en el que estaban contemplados, además de los dos exlíderes cívicos, la expresidenta Jeanine Áñez, quien fue excluida de este caso por tener una condena en el caso Golpe de Estado II; además de jefes militares que fueron declarados en rebeldía por no estar en el país. Este caso investiga los hechos anteriores a la dimisión de Morales a la presidencia, en medio de una fuerte convulsión social y política registrada en todo el territorio nacional. La movilización desembocó en un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.