Ya se dictaron en Madagascar dos primeras condenas a castración quirúrgica, una pena introducida en el Código Penal en febrero de 2024 para los violadores de niños menores de 10 años. El 27 de enero, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Francia, Chile y España expresaron reservas sobre la conformidad de la ley con los derechos humanos. En Madagascar, en la intimidad de los consultorios médicos, está creando una discreta agitación, mientras que algunos profesionales de la salud se oponen a este tipo de operaciones.
Con la corresponsal de RFI en Antananarivo, Pauline Le Troquier
Ni la Academia de Medicina ni el Colegio Nacional de Médicos tienen una posición oficial sobre la pena a castración quirúrgica para los violadores de niños menores de 10 años. Sin embargo, el malestar es unánime entre los profesionales. De acuerdo con nuestra información, una parte importante de las personas convocadas a realizar estas castraciones quirúrgicas se niegan a hacerlo.
«Los médicos no tenemos que ocupar el lugar del verdugo», nos dice un cirujano que ejerce en la capital Antananarivo y prefirió callar su nombre. «Siempre me opondré a la castración cuando no se lleve a cabo con fines médicos. He hecho un juramento para preservar la vida del paciente. Ya he tenido que tratar a bandidos que habían robado bancos y tal vez incluso matado a personas. Para los violadores, es lo mismo. Debo tratarlos, no imponerles una sentencia. Sin embargo, la castración quirúrgica es irreversible, mata silenciosamente», prosigue.
«Desde el punto de vista ético, no se puede castrar a alguien en contra de su voluntad»
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Según las autoridades, las penas anteriormente previstas en el Código Penal ya no eran lo suficientemente severas como para responder al alarmante aumento de las violaciones de menores en el país.
Un argumento que esta médica, que acoge a las víctimas de este flagelo en su consulta en el sur de la capital, sólo entiende parcialmente. «Hace unos días recibí a una niña de un año y medio que fue violada por su tío. En estos casos, por supuesto, la castración parece ser una solución, porque la víctima tendrá consecuencias de por vida. Pero, por otro lado, desde un punto de vista ético, no se puede castrar a alguien en contra de su voluntad», cuenta de manera también anónima.
El presidente Andry Rajoelina convirtió la ley en una prioridad en las primeras horas de su nuevo mandato. En los últimos meses, se han alzado voces en su contra en el ámbito internacional y nacional. La Iglesia católica malgache había equiparado esta sentencia a un acto de «tortura» en un comunicado publicado en mayo de 2024.
La Corte Constitucional Superior, el tribunal más alto del país, consideró por su parte que la medida cumple con la legislación malgache y los convenios internacionales ratificados por el país.