Rek defiende PL para anular nuevas multas por quemas ilegales y califica de alarmista a la Fundación Tierra


La senadora de Creemos defendió el proyecto de ley que busca anular la nueva escala de multas por quemas ilegales y suspender por siete años los controles y la reversión de las tierras que no cumplan la FES.

Una imagen de los incendios forestales registrados en 2024. / Foto: Fundación Tierra

Fuente: ANF

La senadora de Creemos Centa Rek defendió el proyecto de ley que busca anular la nueva escala de multas por quemas ilegales y suspender por siete años los controles y la reversión de las tierras que no cumplan la Función Económica Social (FES); además, calificó el pronunciamiento de la Fundación Tierra de alarmista y sugirió a la ONG a que se abra a escuchar a los sectores involucrados.



La Fundación Tierra emitió un pronunciamiento esta semana para rechazar el proyecto de ley que presentaron los ganaderos para anular la nueva escala de multas por quemas ilegales e incendios provocados y suspender por siete años la verificación del cumplimiento de la FES.

El proyecto de ley lleva por título “Ley de declaración de pausa de la verificación de la Función Social y Función Económica Social en los procedimientos de saneamiento y reversión de la propiedad agraria en el plazo de 7 años” y fue presentado el 12 de diciembre de 2024 por las senadoras Centa Rek, Neila Velarde, Claudia Égüez y el senador Walter Justiniano.

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«El pronunciamiento de Fundación Tierra sobre el proyecto de ley que propone una pausa en la verificación de la Función Social (FS) y la Función Económica Social (FES) demuestra una visión sesgada y alarmista que distorsiona el verdadero propósito de la norma. Se trata de una iniciativa legislativa que responde a un contexto de emergencia climática y que tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad de los productores afectados por incendios y sequías extremas», respondió Rek a consulta de la ANF.

El proyecto tiene siete artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición final, una disposición abrogatoria y una disposición derogatoria.

La disposición abrogatoria ordena abrogar el Decreto Supremo 5203, que incrementa la multa por hectárea quemada entre 190 UFV y 976 UFV, según la gravedad del daño ambiental.

Respecto a la disposición derogatoria, establece derogar la disposición final primera del Decreto Supremo 5225, que establece que las quemas ilegales y los incendios son contrarios al uso sustentable de la tierra y no constituyen cumplimiento de la FES.

La senadora de Creemos sostuvo que la Fundación Tierra asume una postura radical y autoritaria al rechazar de manera anticipada la propuesta, sin permitir un debate amplio ni un análisis técnico objetivo. Por ello, invitó a sumarse al debate de la norma con los sectores involucrados.

“El rechazo absoluto y sin argumentos sólidos a una propuesta legislativa es una muestra de radicalismo ideológico, incompatible con los principios democráticos de debate y deliberación. Lo correcto es analizar el proyecto con criterio técnico y proponer mejoras en su contenido, en lugar de imponer una narrativa alarmista y sin fundamentos”, dijo la legisladora.

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero, pidió revisar la FES porque promueve el desmonte y las quemas ante el temor de la reversión de tierras tituladas.

Romero explicó, en un encuentro con periodistas, que la FES exige que las tierras sean trabajadas para la actividad agropecuaria sin considerar diversos elementos, como la falta de condiciones para sembrar, la pausa para la rotación de cultivos, el descanso de la tierra. Las autoridades sólo constatan si hay o no cultivo o ganado para iniciar la reversión del terreno.

En consecuencia, los agricultores y ganaderos se ven en la obligación de deforestar, incluso empleando el fuego, para demostrar que están trabajando y preparando la tierra para alguna actividad económica.

El año pasado se destruyeron más de 10 millones de hectáreas por los incendios, la cifra se constituye en el mayor desastre ambiental en la historia de Bolivia.


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