El abogado Martin Camacho mencionó que en total son siete procesos abiertos, de esa cantidad cuatro están en etapa de juicio, algunos no han tenido el inicio debido a que la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno no han cumplido una orden de traslado. Otros tres están en etapa preliminar.
eju.tv / Video: DTV
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció este martes una persecución política de parte del Gobierno central contra Luis Fernando Camacho y ahora exige que se realice una auditoría a todos los procesos penales que se tiene en contra del gobernador cruceño, entre ellos. el caso golpe I, golpe II, caso decretazo y otros. Entretanto, la defensa señala que son siete procesos penales que se le sigue a la autoridad departamental.
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“Hemos decidido en el Comité Pro Santa Cruz y tomado nota de la información que nos dio el gabinete jurídico de Camacho, desde acá vamos a iniciar y pedir una auditoría a todos los procesos judiciales y también de manera inmediata con nuestros asesores trabajaremos en cómo presentar esta solicitud de auditoría a cada uno de los órganos judiciales que están involucrados en esto”, señaló Cochamanidis, en referencia a la Fiscalía, la Procuraduría y otras instancias judiciales.
Indicó que en los procesos penales que se le sigue a Camacho, todos tienen una participación, en referencia a los exjueces del Órgano Judicial, al igual que los que siguen autoprorrogados, debido a que, en su criterio, son responsables sobre lo acontecido.
“Hemos recibido la visita de la familia del gobernador de Santa Cruz y expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, acá están su esposa y su papá, y el gabinete jurídico que lo está acompañando en estos procesos injustos que le están siguiendo. No nos olvidemos que él ha sido secuestrado violentamente por este régimen de Arce, pero ya son los últimos días de este Gobierno, ya está por acabar y Dios mediante vendrán días mejores”, manifestó.
Dijo que el gobierno del MAS ha seguido procesos a los expresidentes del comité cívico, sólo por pensar diferente, y que son procesos “ilegales e injustos”.
Mencionó que las luchas que se llevaron adelante, en referencia a los sucedido en 2019, fueron por decisiones de un cabildo, que demandaba vivir en democracia y por el cual fueron injustamente detenidos y secuestrados varios actores, como el gobernador Camacho.
Entretanto, el abogado Martin Camacho mencionó que en total son siete procesos abiertos, de esa cantidad cuatro están en etapa de juicio, algunos no han tenido el inicio debido a que la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno no han cumplido una orden de traslado. Otros tres están en etapa preliminar y el caso del Golpe I, está suspendido por un recurso de inconstitucionalidad que ha sido emitido por el TCP.
